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Los abogados Jorge Bogarín y Patricia Vitale, en representación del diputado Tomás Fidelino Rivas, plantearon un incidente innominado de nulidad absoluta del acta de imputación formulada contra el legislador imputado por estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Los profesionales indican en su escrito presentado ante la jueza Leticia Paredes que “a raíz de graves vicios con que cuenta la misma, los cuales acarrean la violación de garantías constitucionales, que no pueden ser subsanadas ni convalidadas, conforme a las consideraciones de hecho . El agente fiscal Luis Piñánez ha formulado imputación contra Tomás Rivas, sin que el mismo haya sido previamente desprovisto de su inmunidad, contraviniendo expresas disposiciones constitucionales y legales, lo cual nulo, de nulidad absoluta la citada imputación”.
“Al formularse acta de imputación, el titular de la acción únicamente cuenta con las salidas anticipadas del proceso, como procedimiento abreviado, conciliación, suspensión condicional del procedimiento o aplicación de criterios de oportunidad o en su defecto, la formulación de la acusación o sobreseimientos. Sin embargo, en este caso el haber formulado imputación contra un Diputado Nacional en el ejercicio del cargo en ese tiempo, que contaba con inmunidad de proceso, no puede requerir ninguna de las instituciones citadas, porque el mismo le protege la inmunidad de proceso prevista en el artículo 255 de la Constitución Nacional. La única salida posible es anular el acta de imputación formulada atendiendo a las graves deficiencias con que cuenta y es violatoria de normas de rango constitucional”, refieren los abogados.
También repusieron con apelación la fijación de la imposición de medidas cautelares con el argumento de que el incidente de nulidad debe ser resuelto primero.
Uno de los sindicados como caseros del legislador, Reinaldo Chaparro se quedó sin abogado ya que renunció el letrado Gustavo Arietti.
Chaparro junto a Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González son caseros de Rivas que cobraban en la Cámara Baja, según la fiscalía.