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En la argumentación del Decreto N° 8069 por el cual Cartes rechaza el proyecto de ley sancionado por el Congreso el 1 de noviembre pasado y que modifica el Código Electoral, destaca entre otras cosas, que “la coexistencia de las actas con los boletines de voto generaría un caos en caso de controversia”. Agrega que conforme a la ley electoral “es el acta el que goza de la calidad de instrumento público, no así los boletines (sic)”.
También alega que “la innovación introducida se aparta del principio de unidad del escrutinio el que establece que éste se deberá realizar en el mismo lugar en el que se llevó a cabo la votación, en un sólo acto de manera ininterrumpida (sic)”.
El senador Arnaldo Giuzzio (ex PDP), uno de los proyectistas de la ley, había señalado que el resguardo de las papeletas “es una disposición sencilla y efectiva que ayudará al respeto de la voluntad popular”. Dijo que si bien no iba a ser “la gran solución” a los problemas de fraude en los comicios electorales, se dificultará o costará más dinero sobornar a los integrantes de las mesas de recepción del sufragio.
Cartes, en el veto, enfatiza en que el proyecto de ley plantea “la reapertura de una etapa que quedó precluida”, que es el escrutinio, con lo se abre una “nueva oportunidad de realizar un reclamo sobre el escrutinio inicial realizado ante la mesa electoral”. “Con esto, se traslada una facultad propia y exclusiva de las autoridades de las mesas de votación a los Tribunales Electorales, con lo cual se reinicia una doble valoración de los resultados, con la sola interposición de reclamos de los apoderados, o de una duda en su caso”, añade.
Señala que el nuevo reclamo se haría pese a que el escrutinio primario fue “público y fiscalizado por las agrupaciones políticas que concurrieron en los comicios”.
Proclamación
El Mandatario advierte que de darse la posibilidad de un nuevo escrutinio, que llevaría días, semanas y meses en los tribunales electorales, se pondría en peligro la proclamación de los candidatos ganadores en los plazos legales preestablecidos.
Señala que al retrasarse el escrutinio de las votaciones “se generaría una enorme incertidumbre ante la opinión pública y la comunidad internacional, respecto de la fiabilidad de los resultados preliminares emitidos por medio del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”.
Entre otras cosas, Cartes indica que el proyecto de ley es incongruente con el Código Electoral, porque adopta disposiciones que contradicen algunos artículos de la legislación comicial que no han sido derogados.
En el medio político se esperaba un rechazo del Ejecutivo al proyecto, teniendo en cuenta que los legisladores cartistas se habían opuesto al mismo durante su estudio en el Congreso.