Ejecutivo sanciona ley antirrector parlamentario

El presidente Cartes promulgó la ley que inhabilita a legisladores y magistrados judiciales a ser rectores, decanos o administradores de universidades públicas. La legislación afecta al diputado liberal Víctor Ríos, actual rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), y al presidente de la Corte Suprema, el colorado Antonio Fretes, quien es decano de Derecho (UNA).

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La Ley 5534/15, sancionada por el Parlamento el 11 de noviembre último, de solo dos artículos, reglamenta los artículos 196, 2° párrafo, 241 y 254 de la Constitución. El Art. 1° de la nueva legis- lación -el 2° artículo es de forma- dice textualmente: “A los efectos de lo establecido en los artículos 196, segundo párrafo, 241 y 254 de la Constitución Nacional, se entenderá como ejercicio parcial de la docencia y la investigación científica solo aquel que se realiza en horas cátedra y como educador o investigador en una institución educativa”.

El Art. 196 habla de las incompatibilidades de la función legislativa y establece como excepción “el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica”. El Art. 241 habla de los requisitos y de las incompatibilidades de la función de ministro y el Art. 254 de las incompatibilidades del magistrado, que dice: “Los magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial”.

La Ley 5534, conocida también por “ley anti-Víctor Ríos”, afecta a este legislador liberal, que es rector de la Universidad Nacional de Pilar, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien es decano de la Facultad de Derecho (UNA). El magistrado ya puso a disposición su cargo en el marco de las protestas juveniles, pero aún no fue cambiado.

El diputado Ríos, tras la sanción de la ley, afirmó que la misma no le afectará porque está protegido por la ley general de Educación, por lo que continuará en su cargo de rector, según sus expresiones. Dijo también que la ley, presentada como proyecto en el 2007 por el entonces senador liberal Juan Carlos Ramírez Montalbetti, fue directamente en contra de él. Ríos es cuestionado por las irregularidades detectadas por la Contraloría

General de la República en su gestión de rector de la Universidad Nacional de Pilar. En el 2012 llegó a cobrar un total de G. 357.355.338 porque en la citada universidad también figuraba como docente investigador y docente de cátedras en varias facultades, pero prácticamente no enseñaba, según las investigaciones.

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