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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Desde la segunda quincena de enero se encuentra trabada en la Corte Suprema de Justicia la investigación abierta por el Ministerio Público contra la intendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR) y los exconcejales colorados del periodo 2010-2015: Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Álvarez, Aída Molinas y Alberto Núñez, además de Juan Ángel Núñez, quien sigue siendo edil.
El proceso es por usurpación de funciones públicas, asociación criminal, lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, atendiendo que los acusados aprobaron la ordenanza 002/2015. La causa se basa en una denuncia presentada en noviembre por el abogado Nicolás Russo en representación de funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), pero la investigación no puede avanzar.
La exconcejala municipal, actual funcionaria de la Municipalidad esteña e incondicional del “clan Zacarías”, Aida Molinas, recusó al fiscal Marcelo Saldívar, alegando que le tiene resentimiento a su persona. El representante del Ministerio Público fue confirmado en el proceso por la Fiscalía Adjunta y la Fiscalía General del Estado. Entonces Molinas impugnó la decisión y el caso, en enero, fue a parar a la Corte, donde “duerme”.
La ordenanza 002/2015 J.M., del 24 de febrero del 2015, afecta al predio de 11 hectáreas que tiene la ANNP en la zona primaria del Puente de la Amistad, valuado en unos 185 millones de dólares americanos. Declara ese terreno “como área para desarrollo de un polo turístico con hotel y casino de reconocida cadena internacional, centros de exposiciones, así como áreas gastronómicas y áreas verdes”.
No les compete
Nicolás Russo asevera en su denuncia que al aprobar esa ordenanza, los concejales supuestamente usurparon las funciones del directorio de la ANNP y alega que la Ley Orgánica Municipal no otorga autorización legal a los concejales para declarar áreas de desarrollo, para construir hoteles y casinos, dentro del terreno de otra institución pública.
El procurador general de la República, Roberto Moreno, días atrás, en entrevista con ABC Cardinal había asegurado que “la Municipalidad no puede ordenarle a la ANNP lo que tiene que hacer con sus inmuebles”, posición que coincide con la de Russo. El fiscal Saldívar, por su parte, aseguró que no puede aún tratar el fondo de la cuestión porque la Corte Suprema de Justicia no tomo todavía una decisión respecto a la impugnación interpuesta por Molinas.
Inicio del plan de negociado
A partir de la ordenanza 002/2015, las demás instituciones del Estado, como la ANNP, la Aduana, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y el mismo Poder Ejecutivo emitieron las resoluciones y decretos necesarios para autorizar el llamado a licitación por el cual se cederá el predio de 11 hectáreas por 30 años para la construcción de un hotel casino de explotación privada.
Desde la ordenanza 002/2015 hasta el decreto 6865, por el cual el presidente Horacio Cartes autoriza el llamado a licitación y la firma del contrato con el ganador, se realizaron “a la medida” del interesado en el proyecto, el empresario venezolano israelí Simon Falic. En el país, este fue abriendo empresas para el efecto. Todas están constituidas en un dúplex perteneciente al consejero de Yacyretá Emilio “Tiky” Cubas, primo del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y compadre del asesor de Cartes, Javier Zacarías Irún.
A su vez, Javier Zacarías es marido de la intendenta denunciada por homologar la ordenanza 00/2015, Sandra McLeod de Zacarías, y es hermano del gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías, quien integra la Conajzar y viajó junto con Leite a Israel en el año 2013. Fue en aquella oportunidad que Falic ofreció un agasajo a la comitiva paraguaya, que estaba acompañada por el “hermano” espiritual de Cartes, el brasileño israelí Darío Messer. Al retornar de ese viaje, el jefe departamental ya anunciaba que empresarios de ese país estaban interesados en este tipo de emprendimientos.