Dos senadores liberales desautorizan el ataque contra la fiscala Aguilar

Los senadores liberales Blanca Lila Mignarro y Robert Acevedo desautorizaron a la bancada de su partido, que solicitó el enjuiciamiento de la fiscala de J. Augusto Saldívar, Brígida Aguilar, por imputar al intendente de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA). La parlamentaria manifestó ayer que no hay necesidad de obstruir una investigación del Ministerio Público.

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“Hay que dejar a la justicia que investigue; el que nada debe, nada teme”, afirmó la legisladora liberal Blanca L. Mignarro en oposición a la postura de la bancada del PLRA en el Senado. El 22 de enero pasado, el titular de la bancada Fernando Silva Facetti dio a conocer un comunicado que cuestionaba la imputación de la fiscala Aguilar contra el intendente de Ypané, de extracción liberal. Incluso sugería su remoción.

El comunicado no llevaba la firma de ninguno de los 12 senadores que integran la bancada liberal. Tras tomar conocimiento de la postura pública, el senador Acevedo aclaró que en ningún momento fue consultado la intención de cuestionar a la fiscala. Posteriormente, Blanca L. Mignarro expresó que el funcionario público investigado debe concurrir a la Fiscalía para aclarar los cargos que pesan en su contra.

Aunque existan cuestionamientos al trabajo del Ministerio Público, se debe dejar actuar, manifestó. “Si bien es cierto hay críticas a la labor de la Fiscalía, que presenten pruebas las personas que encuentran esas deficiencias y esas irregularidades. Hay que dejar a la justicia que investigue. El que nada debe, nada teme. Que se transparente y que demuestre a la ciudadanía que no hay nada irregular y eso depende del intendente (Horacio Ortiz) que está imputado”, señaló.

Reiteró que la actitud de sus compañeros podría ser interpretada como una forma de obstruir la justicia. No estoy de acuerdo porque, como digo, van a pensar que estamos queriendo obstruir la justicia o queriendo apañar alguna irregularidad. Yo creo que hay que transparentar todo”, agregó.

La imputación

Ortiz está imputado por un supuesto desvío de G. 1.850 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). También es investigada la administradora de la Comuna, Elva Beatriz Corvalán. Ambos ofrecieron G. 4.000 millones de fianza para evitar la cárcel y el juez Roberto Saldívar otorgó la libertad ambulatoria.

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