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El agente acusó a Luis Osvaldo Sánchez, quien está involucrado también en el caso de fabricación de bombas caseras (molotov) en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y fue uno de los refugiados en Uruguay que retornó al país.
En el proceso por la quema del Congreso, Sánchez fue acusado por perturbación de la paz pública.
Según la acusación, Sánchez fue divisado en los vídeos de circuito cerrado instigando a ocasionar disturbios, pero no ocasionó daños materiales.
La situación del segundo acusado es diferente. El representante fiscal pidió juicio oral para Marco Antonio Báez González por tres hechos punibles que son perturbación de la paz pública, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo y amenaza de hecho punible.
El mismo aparece como uno de los que quemaron la sede parlamentaria durante los disturbios del 31 de marzo del año pasado.
Anteriormente fueron acusadas 18 personas por el mismo hecho, entre ellas está el senador nacional electo Paraguayo Cubas.
También está acusado el concejal de Asunción Rodrigo Buongermini, por supuestamente instigar a la turba de manifestantes a atropellar la sede del Congreso Nacional.