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Al menos medio centenar de personas y empresas fueron contratadas en los últimos tres años por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para proveer personal y servicios tercerizados.
Los documentos revelan que solo en el primer semestre de este año, el lado paraguayo de la binacional gastó aproximadamente G. 19.000 millones para pagar los servicios de “outsourcing”. La cifra llega a los US$ 20 millones si se revisan los montos desembolsados para estas empresas desde 2014.
Los más beneficiados
En lo que va del 2018, la firma Tecno Señal, de Ismael Quesnel, es la que más dinero recibió para la contratación de personal tercerizado, con poco más de G. 2.900 millones.
No solo el propietario de la firma es afiliado a la ANR, sino que entre el personal que subcontrató para la binacional aparecen dirigentes colorados y hasta excandidatos a cargos electorales.
Figura, por ejemplo, Miguel Mancuello Ozuna, presidente de la seccional 3 de Luque y operador leal del imputado senador cartista Óscar González Daher. Mancuello, de hecho, es funcionario del Senado y fue comisionado a la Municipalidad de Luque, además de ser titular de la cooperativa que lleva el mismo nombre que la ciudad.
Otro que aparece entre los subcontratados de Quesnel es Domingo Estigarribia Cabrera, exconcejal municipal de Areguá y consuegro del diputado cartista Tadeo Rojas. Junto a ellos figura Hugo Alfredo Arrúa Leguizamón, quien es delegado convencional suplente de la seccional N° 2 de la capital, feudo del acusado senador cartista Víctor Bogado.
El segundo lugar de las empresas que más dinero recibió en lo que va del año es para Servicios Jeshua, de Oscar Rejala Rojas, con aproximadamente G. 2.700 millones.
Entre el personal que subcontrató para la EBY aparecen seccionaleros de varios distritos del departamento de Caazapá, concejales municipales y hasta los exintendentes de Maciel, Amadeo Alberto Ledesma Maciel; y de San Juan Nepomuceno, Carlos Reinaldo Paredes.
En tercer y cuarto lugares quedan Higitec, de Gustavo Javier Melián Ayala, y Universal Works SRL, de Hugo Cáceres. Ambas son firmas cuyos propietarios son afiliados al Partido Colorado; la segunda recibió varios contratos con instituciones estatales, según Contrataciones Públicas, y fue sancionada por graves incumplimientos.
Docentes y más
Los documentos a los que tuvo acceso ABC Color revelan que varias personas que eran contratadas reiteradamente decidieron crear empresas o nombres de fantasía para seguir con los contratos.
Es el caso, por ejemplo, de María Ramos, que ahora opera bajo el nombre de Mandates and Business. Esta mujer era auditora del Ministerio del Educación y Ciencia, y en 2017 fue sometida a un sumario. Hasta ahora ha recibido unos G. 980 millones.
Ninfa Hermosilla creó BDT Bolsa de Trabajo. Y así, esta docente del colegio Pablo Ávila terminó recibiendo en lo que va de 2018 la nada despreciable suma de G. 250 millones por personal tercerizado para la EBY.
Otro caso llamativo es el de Hugo Rafael Díaz Gómez, que con 26 años recibió G. 1.080 millones y figura, además, como proveedor del Estado con varios contratos con la Municipalidad de Ayolas, de donde es oriundo. Óscar Enrique Arellano Escobar tiene 25 años, y recibió G. 525 millones.
Muchos de los que figuran como titulares de los contratos son, de hecho, oriundos de la zona conocida como Mil Viviendas en Ayolas.
Por último, los documentos revelan que una sola empresa podía firmar en un mismo día hasta tres o cuatro contratos millonarios.