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La normativa fue aprobada en la última sesión del Senado y, según el legislador, dará garantías a concejales municipales y departamentales, intendentes y gobernadores de que personas mal intencionadas utilicen documentos falsos en su ausencia.
El proyecto establece que las autoridades mencionadas que deseen renunciar deberán presentar la nota por escrito, acompañada por la certificación de la firma otorgada por un notario público con registro en la Corte Suprema.
La autoridad correspondiente ante la que renuncie debe convocarlo en un plazo de 3 días a ratificar su intención, debiéndose labrar acta con testigos hábiles. En caso de no concurrir, se entenderá que el mismo se ratifica en su decisión. Los documentos de renuncia que no contengan estas previsiones, carecerán de validez.
Friedmann dijo que su intención era incluir también estos requisitos para senadores y diputados, pero que para llegar a un consenso se dejó de lado.
Señaló que con esta norma se evitará un caos social, como ocurrió en su caso cuando fue gobernador de Guairá.