Cargando...
El juez Rubén Riquelme, en junio pasado, resolvió que los dirigentes campesinos Luis Aguayo, Antonio Gayoso, María Esther Leiva y Luis Gilberto Ruiz; el representante de la ONG Fundación Nación Guaraní, Ronald Guerrero y César González Parini, del Indert, deberán afrontar juicio oral y público por el desvío de G. 2.500 millones. Los primeros fueron acusados por la fiscala Nadine Portillo en carácter de cómplices de lesión de confianza, mientras que González Parini, como autor.
La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, MCNOC, representada por Aguayo y Gayoso, causó al Estado un perjuicio de G. 703.760.000; la Fundación Guaraní, de Guerrero G. 1.225.000.000; y la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), representada por Leiva y Ruiz, desvió G. 476.500.000.
Las referidas organizaciones y la ONG fueron beneficiadas en el 2011 (durante la presidencia de Marciano Barreto en el Indert y cuando Fernando Lugo era el jefe de Estado), con el programa de inversiones rurales mediante el Proyecto Fides, a cargo del acusado César González Parini, quien dio el visto bueno para los desembolsos.
En el caso de la MCNOC, el convenio con el Indert fue firmado por Aguayo y Gayoso. El proyecto era de “Apoyo a la agricultura familiar en materia de seguridad alimentaria” y el monto total a ser desembolsado era de G. 1.000.000.000. Sin embargo, gran parte de este dinero fue desviado, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público y admitida por el juez Riquelme.
La investigación fiscal permitió comprobar que en el caso del proyecto “Mini industria”, el Comité 16 de julio de Yrybucuá no recibió absolutamente nada de la MCNOC. Por otro lado, la Asociación de Productores de Caaguy Rory corrió con mejor suerte, pero de los 21 socios que tenían que ser beneficiados, solo 15 recibieron algunos insumos para la producción de queso.
Entre las cosas que recibieron los productores figuran 15 vacas, que no estaban preñadas, ni eran productoras de leche (las cuales tenían que ser de raza pura y preñadas, según consta en las facturas). Los dirigentes acusados dijeron que adquirieron 45 vacas de raza lechera preñadas a G. 7.800.000; 60 bolsas de sal mineral de 50 kilos cada una a G. 65.000 por unidad, lo que totalizó la suma de G. 393.900.000. Además refirieron otras compras como kits de semillas de hortalizas, maíz, etc.
“Existe una gran diferencia entre lo adquirido y lo entregado, según lo relatado por Leonardo Paredes y Bernardina Vallejo, de la Asociación de Productores de Caaguy Rory, del distrito de Edelira, departamento de Itapúa; así como también la falta de entrega en el asentamiento Comité 16 de Julio de San Pedro”, afirmó la fiscala Portillo en su acusación, que ante el comprobado desvío pidió juicio oral y público para Aguayo y Gayoso, en carácter de cómplices de lesión de confianza.
Los dirigentes campesinos acusados por el millonario perjuicio al Indert son los que impulsaron la marcha en Asunción para forzar una condonación de deudas, que fue aprobado por el Senado. Ahora, el tema será analizado en Diputados y el Ejecutivo ya manifestó su total desacuerdo. El monto de subsidio sería de unos US$ 156 millones.
La acusación de los dirigentes por la fiscalía fortalece la sospecha respecto al uso indebido del dinero público.