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Luego de un debate que se prolongó por casi dos horas, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a las empresas proveedoras de internet y similares a conservar los datos del tráfico por un plazo de 12 meses.
El proyecto fue aprobado en primera instancia en el Senado, que ahora deberá estudiar nuevamente la normativa y necesita de una mayoría absoluta para ratificar la normativa.
Pese a que ninguna de las comisiones de la Cámara Baja recomendaba la aprobación, algunos diputados, como Ramón Romero Roa, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y el presidente de la cámara Hugo Velázquez indicaron que la ley era necesaria para la investigación y el combate a algunos delitos, pero que había sido planteada en forma errónea.
La diputada independiente Olga Ferreira, presidenta de la comisión de DD.HH., sostuvo que la ley violaba algunos artículos constitucionales, específicamente el 33 y el 36 referidos, respectivamente, al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.
Advirtió que en nombre de la seguridad se estarían quebrantando libertades básicas de la ciudadanía.
Romero Roa apuntó que el proyecto del Senado no incluía el tiempo de almacenamiento de datos y tampoco mencionaba la necesidad de una resolución fundada por parte de la autoridad pertinente ni un proceso abierto. Igualmente dijo que no contemplaba la posibilidad de que el afectado solicite un hábeas data y una participación activa en todo el proceso de un juez de garantías.
El diputado colorado Bernardo Villalba, presidente de la comisión de Legislación, indicó que, actualmente, las empresas que brindan el servicio de internet tienen la tecnología y, de hecho, almacenan información de forma irregular.
“Todos estamos expuestos a esto, todo está registrado. Así lo aseguró el asesor de la Conatel y otros entes del Estado. Si estos datos ya están guardados, lo que se debe hacer es regular qué informaciones se deben almacenar y cuáles no, por violentar la Constitución
Velázquez, presidente de la cámara, pidió a las comisiones asesoras de Asuntos Constitucionales y de Legislación trabajar en un nuevo proyecto referente al tema, con el objetivo de regular los datos almacenados, sin responsabilidad legal de hacerlo por parte de las firmas telefónicas y, a su vez, resguardar las garantías expuestas en la Carta Magna.
Fundamentó la necesidad de contar con una ley señalando que la responsabilidad intelectual del sospechado de la muerte de Pablo Medina se obtuvo mediante el almacenamiento de datos de llamadas así como la de los autores del secuestro de Cecilia Cubas.
Una alusión a la dictadura
El calificativo de “ley pyraweb” que le dieron quienes se oponen a esta normativa alude a los “pyrague” (delatores) durante la dictadura stronista. Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de la Ong Tecnología y Comunicación (Tedic), dijo que esta ley permitirá a las autoridades saber con quiénes se comunican las personas, dónde y por cuánto tiempo, además de poder hacer un seguimiento de su traslado diario. Indicó que sería una situación parecida al seguimiento al que se sometía a las personas que no estaban de acuerdo con el régimen dictatorial vigente en nuestro país durante 35 años. El lobby realizado por varias organizaciones ciudadanas habría sido clave para el rechazo de la ley.