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El rechazo del veto al proyecto de ley “Que establece la localización, bloqueo y control de las comunicaciones ilegales en los centros de ejecución de penas” fue estudiado ayer por la comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de diputados, órgano asesor presidido por Clemente Barrios (ANR).
La postura final será debatida en bancadas mientas que asesores de la comisión elaboran dictámenes jurídicos tanto a favor como en contra, que serán utilizados de acuerdo a la decisión política que se tome.
La propuesta había sido presentada por los diputados colorados Ever Ovelar y Óscar Tuma y fue aprobada en la Cámara Baja y en Senadores con modificaciones, pero luego fue vetada por el Ejecutivo, argumentado la intromisión de funciones y que el bloqueo de llamadas puede ser resuelto a nivel interno desde el Ministerio de Justicia, cuya titular actual es Sheila Abed.
El objetivo de la propuesta es evitar que miles de ciudadanos reciban llamadas y mensajes fraudulentos o extorsivos en sus celulares, desde pedidos de “saldo” a supuestos sorteos de automóviles, como ya ocurrió.
La situación llegó al extremo cuando el ministro del Interior, Francisco de Vargas, confirmó que la familia del joven Arlan Fick, cuando estaba secuestrado por el EPP, recibía llamadas extorsivas desde Tacumbú.
Bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se adquirió un bloqueador de llamadas por G. 400 millones. Mediante “coimas”, el aparato dejaba de funcionar “convenientemente”. Funcionarios penitenciarios admiten que dicho inhibidor de llamadas no funciona hace nueve años.