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El presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), hace días venía pergeñando un contraataque a la continua publicación en la prensa, de nombres y salarios de funcionarios de la institución que él se niega a entregar desde hace al menos dos meses. Ayer, al mediodía, durante la reunión de la bancada de su partido, informó que pedirá una investigación judicial.
Unas horas después, durante la sesión extraordinaria, su correligionario, el diputado Milciades Duré (Cordillera) –involucrado en la escandalosa venta de tierras vinculadas al senador Jorge Oviedo Matto al Indert en G. 60.000 millones a inicio de 2013– presentó sobre tablas el proyecto de resolución.
En el escrito, la Cámara de Diputados dice “tomar conocimiento” del informe de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda, donde menciona que “se registraron operaciones de vinculación de funcionarios de Diputados, desde la Universidad Nacional de Asunción”.
Seguidamente recomienda a la dirección general de Asesoría de la cámara “tipificar el hecho” y “entablar denuncia ante el Ministerio Público”.
Hacienda respondió de esta manera a dos notas encargadas por Juan Bartolomé Ramírez, que solicita conocer si se registró un ingreso al sistema Sinarh (sistema integrado de administración de recursos humanos). La secretaría de Estado, sin embargo, no habla de delito alguno. El viceministro Ramón Isidoro Ramírez apenas señala que se considera “una operación no usual, normal ni recomendable”.
El diputado Duré, durante su exposición ya habló de la comisión de delitos. “Eventualmente se ha podido cometer delito que ha podido afectar la imagen de la cámara”, dijo el parlamentario, quien ni bien asumió el 1 de julio pasado, llevó a su hija Vanesa Duré como su asistente, mientras su esposa Lida Coronel pidió su comisionamiento a la institución.
Duré incluso sugirió que hubo “delito informático”.
El diputado Óscar Tuma (ANR-Central) apoyó la aprobación de la resolución. Habló de una “situación irregular” y dijo que el funcionariado tendrá “la oportunidad” de responder ante la fiscalía sobre el hecho investigado. Mientras el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá) felicitó al presidente de la cámara, por poner a consideración del pleno la aprobación de la resolución. “No veo por qué algunos colegas tengan que oponerse”, manifestó al tiempo de declararse fiel custodio de la Constitución.
Apenas dos diputados se opusieron a la propuesta. Dionisio Amarilla y Édgar Acosta, ambos del PLRA.
Este último defendió el derecho ciudadano a la información al decir que el mismo es fundamental y si la prensa “hizo su investigación, fantástico”. Pidió voto nominal “para que se conozca a quienes están contra la transparencia”. El presidente de la cámara llevó a votación esta moción y apenas seis legisladores apoyaron: Dionisio Amarilla (PLRA), el mismo Acosta; Hugo Rubín (PEN), Ramón Duarte (Frente Guasu); Karina Rodríguez (Avanza País) y Bernardo Villalba (ANR). Finalmente, la resolución fue aprobada por amplia mayoría.