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El diputado Ramón Romero Roa (ANR, independiente) anunció el viernes en conferencia de prensa que solicitará –en la sesión del miércoles– a sus colegas una reconsideración de los artículos aprobados, para dejarlos sin efecto, ya que aún se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
Pedirá ir por el camino más simple y modificar el Art. 22 del reglamento interno de Diputados que establece que debe ser una mayoría calificada la cantidad de miembros que disponga la pérdida de investidura. “Yo creo que la mayoría absoluta (41 votos en Diputados y 23 en Senado) es la más prudente para que tenga la legitimidad”, dijo.
Sin embargo, cuando un artículo constitucional no establece una mayoría específica, se recurre al Art. 185 de la Constitución, que dispone que: “Salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes”.
La semana pasada, los diputados aprobaron hasta el Art. 5 el proyecto de ley de 25 artículos que plantea un “mega blindaje” para los parlamentarios.
Lo que proponen
El proyecto de ley aprobado a medias plantea que el Congreso renuncie a su atribución constitucional de juzgar a sus pares y ceda dicho poder a la Justicia Electoral.
También de forma inconstitucional extienden la ley de reglamentación a concejales departamentales y municipales. Otro de los puntos que vuelven a incluir en la ley de autoblindaje es la sentencia previa y que el tráfico de influencias debe ser “dirimido por la justicia ordinaria”.
El pedido de pérdida de investidura dependiendo de cada Cámara debe ser presentada por el 15% de la totalidad de sus componentes. En Diputados debe reunir 12 firmas y en Senadores 7 firmas. Además, plantean la mayoría absoluta de 41 diputados y 23 senadores.
Otro grave elemento que incorporan es que el Tribunal Electoral de la Capital puede pedir el procesamiento fiscal contra los legisladores denunciados por “temeridad o mala fe en la acusación”.
Caso Portillo
El diputado Romero Roa también considera que se debe tratar sin más dilaciones el pedido de pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo, acusado por tráfico de influencias.