Diputados avalan millonario salvataje a Caja Municipal

La Cámara Baja pretende salvar la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal con una ampliación presupuestaria de G. 8.882 millones que se destinará para cubrir parte del perjuicio ocasionado entre miembros de la caja y el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas.

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La Cámara de Diputados ayer dio media sanción al proyecto de ley de ampliación de presupuesto de la Caja Municipal por un valor total de G. 8.882.438.738.

Con la ampliación solicitada se pretende cubrir los haberes retroactivos de los afiliados pasivos, así como la devolución total de aportes de afiliados desvinculados de las municipalidades y adquisición de certificados de depósitos a plazo fijo.

Así también, la ampliación presupuestaria servirá para el pago de impuestos, tasas judiciales y honorarios profesionales en demandas iniciadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal para la recuperación de la cartera morosa.

El proyecto fue presentado el 21 de junio por la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y refrendado por el presidente Horacio Cartes al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, conocida como La Madrina, argumentó el fin del proyecto de ley y aconsejó la aprobación sin modificaciones de la norma.

El proyecto de salvataje fue aprobado por 46 votos de cartistas, liberales, de Avanza País y la diputada Olga Ferreira (Independiente).

Irregularidad

El 5 de mayo pasado, la Fiscalía imputó a nueve miembros de la Caja Municipal por un supuesto hecho punible de lesión de confianza.

El agente fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, formuló imputación contra Luis Alberto Caballero Candia, Bernabé Peralta Antúnez, Albino Sosa Solís, Alcira Miranda, Turín Portillo, Silvio Paiva, Stela Galeano de Orué, René Medina y Venancio Díaz. Los funcionarios se desempeñaban como miembros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, entre el 2011 y el 2015, periodo de la supuesta perpetración del ilícito.

Se sospecha que las autoridades de la Caja autorizaron la exoneración de intereses moratorios y punitorios de deudas pendientes entre la Municipalidad de Lambaré y la entidad de aporte para pensiones, que habrían causado un perjuicio patrimonial de G. 1.253.247.839 (monto que la caja dejó de percibir entre los años 2011 y 2015).

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