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Los diputados trataron en dos sesiones extraordinarias, realizadas el martes y ayer, un total de 31 reprogramaciones presupuestarias destinadas a varias instituciones públicas del Estado.
La mayoría de las millonarias ampliaciones presupuestarias fueron aprobadas sin objeciones por los diputados. Las reprogramaciones del Presupuesto 2016 surgen tras el veto del Poder Ejecutivo al Presupuesto General de la Nación 2017.
La mayoría de las instituciones modifican sus presupuestos para la construcción de empedrados, reacondicionamiento de escuelas, pasajes y viáticos, combustible, nombramientos, compra de vehículos, pago de salarios a docentes y adquisición de equipos informáticos, entre otros.
Un préstamo del BID de US$ 10 millones será destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para financiar un proyecto de innovación en empresas paraguayas. También fue sancionada una ampliación de G. 433 millones para la misma institución.
El 92% del total del préstamo será destinado al desarrollo de las actividades del proyecto y el 8% a gastos de funcionamiento, argumentó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, cartista), alias “La Madrina”.
Resultó llamativa la ampliación presupuestaria para la Gobernación de Amambay por G. 1.341 millones, debido a que la Comisión de Presupuesto pidió aplazar el proyecto ante la duda de que podría existir una superposición con el proyecto. El diputado Édgar Ortiz (PLRA, llanista) pidió a sus aliados que la norma de iniciativa del senador Blas Llano sea aprobada como procedieron con otros proyectos de ampliación.
El proyecto fue sancionado y prevé la modificación de su presupuesto en servicios no personales, inversión física y transferencias para el cumplimiento de las metas y objetivos.
Universidades
La Universidad Nacional de Villarrica reprogramó su presupuesto para la compra de un predio, la construcción de un segundo pabellón y compra de vehículos. Para otras cinco universidades nacionales se aprobaron G. 1.882 millones para el pago de docentes.
Caja fiscal
En plena época electoral, los diputados dieron media sanción a un proyecto de ley que reconoce los años de contratados de todos los funcionarios públicos para que puedan acogerse a la jubilación, con el pago previo por los años de servicio como funcionario temporal.
Plantean que el beneficiario abone a la Caja de manera fraccionada y en cuotas mensuales iguales, que no podrán exceder los cinco años. La ley tendrá una vigencia dos años.