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La presentación realizada por Emigdio Aliendre Morel, abogado de Rivas, ataca la resolución por la cual el juez comunica la presentación de la imputación contra Rivas, para el consecuente desafuero y contra la propia imputación presentada por el fiscal Luis Piñánez.
Piñánez imputó al diputado Rivas (cartista) y a Reinaldo Chaparro Penayo (quien sería su chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (otro chofer), por presunta estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, tras constatar que los caseros del diputado cobraban sueldo como funcionarios de la Cámara de Diputados.
Piñánez destaca que las planillas de asistencia eran firmadas por el diputado Tomás Rivas, quien certificaba que los citados funcionarios contratados asistían diariamente a las oficinas de la Cámara de Diputados cumpliendo horarios o se encontraban acompañándolo en sus labores legislativas, pero los informes de las telefónicas revelaron que los mismos no se encontraban en los lugares mencionados.
“Considerar solo estos dos elementos como suficientes para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado es un despropósito que más bien indica un denodado interés en inventar hechos punibles a partir de pruebas inconsistentes para instrumentar al sistema penal en perseguir a personas inocentes”, argumenta la presentación.
Por otro lado, para ayer estaba prevista la audiencia de imposición de medidas para los caseros, pero fue suspendida a raíz de los recursos de reposición con apelación en subsidio contra la admisión de la imputación y la convocatoria a la audiencia.
En escritos presentados por distintos abogados –Daniel Barrios Gini (por Romero), Juan Carlos Ozorio (por Chaparro) y Ricardo Chaparro (por Franco)– pero con similar planteamiento, los procesados piden la nulidad de la imputación, por supuesta falta de mérito.