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La Ley 4758, en su artículo 3°, establece la siguiente distribución: 28% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura; 30% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; 25% a los gobiernos departamentales y municipales; 7% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y 10% para el Fondo Nacional para la Salud.
Actualmente, el organismo encargado de verificar el uso correcto de esos recursos es la Contraloría General de la República.
Núñez Salinas, acusado por el fiscal Martín Cabrera por hechos punibles de contrabando y producción de documentos no auténticos, dijo que su propuesta apunta a que esos recursos sean administrados con excelencia, pues su mayor anhelo es que niños y jóvenes puedan salir preparados de las instituciones de enseñanza para el área profesional.
Sostuvo que el nuevo proyecto de modificación de la ley del Fonacide pretende involucrar absolutamente a todos los que tienen que ver con esos fondos, pero replanteará los porcentajes de distribución de esos recursos. Este punto lo está analizando con sus asesores.