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Amarilla dijo que mañana ya podría presentar un proyecto de ley que ordene al Ministerio de Hacienda volver a la situación del año pasado en cuanto a los salarios de los funcionarios públicos, restando de su sueldo lo que hasta el 2014 figuraba como bonificaciones y gratificaciones.
Señaló que esta reversión es necesaria, sobre la base de que el interés general debe primar sobre los intereses particulares. Indicó que se aplica aquí eso de “a confesión de parte, relevo de pruebas”, en referencia a las expresiones del ministro secretario de la Función Pública, Humberto Peralta, durante su interpelación.
Según Amarilla, el ministro “confirmó y desnudó” que los cargos recategorizados con base en la nueva matriz salarial se utilizaron discrecionalmente en casi todas las instituciones del Estado para favorecer al “séquito y colaboradores cercanos” de los ordenadores de gastos. Tal cosa se hizo, indicó, no con base en los méritos y aptitudes, como se planteaba con la nueva matriz, sino en forma arbitraria y direccionada, como lo confirmó el mismo ministro.
En ese sentido, Amarilla consideró que, como legislador no puede permanecer indiferente y sostuvo que urge restituir los rubros de gratificaciones y remuneraciones extras hasta tanto se discute a fondo si dichos pagos corresponden o no.
Afirmó que con el discurso del “sinceramiento salarial” se cometieron atropellos y barbaridades que no pueden aceptarse sencillamente, dado que son insostenibles en el tiempo.
Apuntó que esta reversión es necesaria para, a partir de ahí, discutir la implementación de una carrera en la función pública realmente sustentada en los méritos.
Amarilla indicó que el ministro de la Función Pública fue muy claro en su exposición e inclusive denunció ante el pleno que varios de sus pares desobedecieron y fueron en contra de la intención que tenía esta reforma. También, según el legislador, dejó en claro que la política salarial planteada era inconsistente y que afectó a algunos funcionarios que vieron reducidos sus salarios.