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Ortellado convocó ayer a conferencia de prensa para defender su proyecto, que ya fue aprobado en Cámara Baja. Sostuvo que “la salud de los niños está por encima de todo”, en respuesta a la consulta de por qué no fueron convocados todos los sectores afectados a discutir este proyecto.
El legislador admitió que no se hizo ninguna audiencia pública, pero afirmó que el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) se reunió con los grupos empresariales para “limar asperezas” sobre la propuesta.
La normativa, que el Senado deberá tratar en su sesión del jueves 17 de marzo para que no tenga sanción ficta, dispone que el Ministerio de Educación y el INAN deberán elaborar un listado de los alimentos y bebidas “nutritivamente adecuados” que podrán ser consumidos en los establecimientos de educación públicos y privados.
Críticas
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), a través de su asesor legal Miguel Aranda, dijo que teme que la ley sea desmedida y confiscatoria y consideró preocupante que sus disposiciones sean “de aplicación obligatoria” a todas las personas naturales o jurídicas que producen, fabriquen, importen, suministren, distribuyen y/o comercialicen alimentos destinados al consumo humano, así como a los responsables de la publicidad de dichos productos.
Señalan que la ley dispone también la adopción de “medidas regulatorias y fiscales que permitan aumentar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y reducir el acceso a productos no saludables” y el establecimiento de “aranceles impositivos diferenciados para alimentos con alto contenido calórico y/o en sodio y de bajo valor nutricional, entre otros”.
Aranda dijo que preocupa al gremio el hecho de que se desconocen cuáles serán estas medidas regulatorias y fiscales, así como las tasas y los “aranceles impositivos diferenciados” que gravarían los alimentos.
Consultado el diputado Ortellado por qué no se convocó a los sectores críticos al proyecto, como es habitual en las comisiones del Congreso, dijo que priorizaron la salud de los niños y jóvenes. “Nosotros sabemos lo que estamos haciendo”, sostuvo.
Ortellado dijo que inicialmente presentó un proyecto de ley en solitario y luego sus colegas Tadeo Rojas, Jorge Baruja y Fabiola Oviedo presentaron otro del mismo tenor, por lo cual se unificaron ambos.
Respecto a las críticas de la CAP, Ortellado dijo que no entendía por qué dicen que afectará la economía del país. Apuntó que no se dejarán de vender alimentos, especialmente frutas y verduras, en los establecimientos educativos primarios y secundarios, pero la normativa dispone que se controlará la calidad nutricional.