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Los abogados José Ignacio González Macchi y José Fernández Zacur aducen que la imputación contra el parlamentario es producto supuestamente “de actos investigativos ilegales”.
De esta forma, apelaron el rechazo del incidente, que había decretado el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández. El expediente ahora fue remitido a la Cámara de Apelaciones.
“El día 29 de noviembre de 2013, los agentes fiscales José dos Santos y Victoria Acuña se apersonaron en la Honorable Cámara de Diputados y sin orden judicial de allanamiento ni de secuestro retiraron “(…) legajos (…)” (sic) de funcionarios que sirvieron para trazar la línea de pesquisa cuajada luego en la imputación”, se desprende del escrito de apelación. También, se consigna que los mismos agentes indicaron que no realizaron un “allanamiento” sino una “constitución”. Sin embargo, sobre el punto, su defensa indica que el presidente de la Cámara de Diputados y, en su ausencia, el vicepresidente debieron suscribir el acta labrada.
Acuña y dos Santos reconocieron, dicen, que la documentación fue “facilitada” por el Lic. Ricardo Vaesken, director de Recursos Humanos, aunque sin autorización de la presidencia o vicepresidencia.
El diputado Ibáñez, su esposa Lorena Plabst, entre otros, soportan imputación por el descarado pago de sueldos a sus empleados particulares de una quinta ubicada en Areguá, Favio Ernán Gómez, Viviana Patricia Falcón y Éver Isaac Falcón. A quienes se los hacía figurar como funcionarios de la Cámara Baja.