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El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Mario Cáceres (ANR), presentó un proyecto de ley que pretende crear una “Comisión Bicameral de Monitoreo y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria”.
Básicamente, el órgano pasaría a ser una “contraloría” integrada por senadores y diputados, quienes se tomarán la atribución de fiscalizar el presupuesto utilizado en todas las instituciones estatales, municipios y gobernaciones.
“Yo creo que es necesario, atendiendo que encontramos muchas deficiencias en las instituciones del Estado. Vemos que la Contraloría también hace agua por todos lados, entonces necesitamos que el Congreso haga un monitoreo”, apuntó Cáceres.
El parlamentario señaló que, en cada revisión, las ejecuciones presupuestarias de entes estatales no van acordes con lo esperado y por lo tanto corresponde tomar acciones por parte de los legisladores en su carácter de representantes del pueblo”.
Apuntó que en el Congreso los parlamentarios solo pueden ver los “papeles”, mientras que hace falta más trabajo de campo, ir a las instituciones, requerir documentos e inspeccionar el avance de las obras.
Cáceres admitió que su proyecto es una reacción al derrumbe del techo de un aula en una escuela de Lambaré, suceso ocurrido el 30 de setiembre y que dejó 14 alumnos heridos y derivó en la imputación del exintendente de dicha ciudad Roberto Cárdenas (ANR).
Sin embargo, se pronunció en contra de retirar a las municipalidades del país el control de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). “Para eso están los organismos encargados: la Fiscalía y la propia Contraloría General de la República”, dijo.
No centralizar fondos
Insistió en que centralizar dichos fondos provenientes de Itaipú sería un retroceso muy grande y que por ello aboga por crear un órgano parlamentario que se encargue de custodiar la correcta ejecución del presupuesto estatal.
En otro apartado de su propuesta, Cáceres plantea implementar en forma gradual una asignación presupuestaria con base en resultados. La comisión, que estaría integrada por ocho senadores y ocho diputados, presentaría informes periódicos ante las cámaras del Congreso y con base en estas observaciones los legisladores podrían hacer recortes o ampliaciones presupuestarias.