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La investigación preliminar que estará a cargo de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados se centrará en la responsabilidad de la vicepresidenta primera, Ramona Mendoza (llanista), debido a que el vehículo de la institución estaba a su cargo desde el 2010, como también por la forma en que se procedió en el uso del rodado, hoy involucrado en un caso de homicidio.
El lunes pasado fue asesinado Carlos Sosa Farías, precandidato a concejal departamental de Concepción, perteneciente al equipo de la legisladora llanista. Dos sicarios acribillaron al político liberal, quien circulaba en el vehículo de la Cámara de Diputados.
El asesinato del político se trataría de un ajuste de cuentas, según las investigaciones preliminares. Sosa Farías tenía varias denuncias desde el año 2002 y en todos los casos fue sobreseído. Las denuncias fueron por robo agravado, amotinamiento y fuga de penal en el año 2002, fuga en el año 2005, reducción y transgresión a ley de armas en el 2008 y coacción en el año 2016, entre otras causas.
El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, mencionó que el vehículo está a cargo de la diputada Mendoza desde hace siete años y es su responsabilidad el uso que le da.
Afirmó que una vez que se realice la investigación interna, la legisladora presentaría un informe acerca del uso que le dio al vehículo. Así también, Alliana comentó que solicitó a sus colegas la entrega de los automotores pertenecientes a la Cámara, pero que “ni el 10% de los vehículos fueron entregados”.
Aguardará
Por su parte la diputada Mendoza, en comunicación con ABC, dijo que Alliana esta en su derecho de investigarla y que aguardará que concluya la investigación para acercar su informe. Comentó que utiliza el vehículo en Concepción y que había pedido un favor a Sosa Farías para acercar a una persona enferma cuando ocurrió el asesinato. Se molestó porque, según dijo, la prensa se centra más en el vehículo que en el asesinato.