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La legisladora cuestionó a colorados y liberales que en el momento de la discusión argumentaron enérgicamente la ley de autoblindaje, diciendo que un fiscal del Ministerio Público y un fiscal electoral son los que deben juzgar a los parlamentarios.
Indicó que ese mismo grupo meses atrás firmó un pedido de pérdida de investidura para el exdiputado José María Ibáñez (ANR, Añetete) y votaron, pero que, sin embargo, hoy buscan invalidar el Art. 201 de la Constitución Nacional que otorga la facultad a la Cámara para destituir a sus pares.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público sea el que decidirá si se le acusa o no a un senador o a un diputado. “Creo que es la dilación de la dilación de la recontra dilación”, señaló.
La diputada dijo que espera que el Senado no haga lugar al proyecto de ley para que vuelvan a foja cero. “Sigo sosteniendo que el reglamento interno es la solución. Ahora a un ministro de la Corte (Sindulfo Blanco) se le juzgó con base en un reglamento interno”, recordó.
El otro proyecto
La Cámara Baja tenía tres propuestas de reglamentación para la pérdida de investidura, una era una reglamentación y las otras dos eran proyectos de ley. La reglamentación fue al archivo, mientras que los diputados cartistas, abdistas, llanistas y efrainistas optaron por aprobar en general el proyecto de ley que plantea un procedimiento más engorroso y que riñe con el articulo 201 de la Constitución al establecer una mayoría absoluta y establecer la condena previa.
El proyecto de ley también elaborado en la comisión especial, cuya presidencia recayó en Pastor Vera Bejarano (PLRA), mantenía la atribución de la Cámara de juzgar a sus pares, también la mayoría simple y establecía un procedimiento sencillo, aunque mediante una ley. Esta última propuesta fue apoyada por liberales de la bancada “C” del PLRA, PEN, Hagamos, PQ y Cruzada.
Un proyecto inconstitucional
Por 43 votos a favor y 30 en contra, una mayoría de diputados cartistas, abdistas, llanistas y efrainistas votaron por el proyecto de ley que regla la pérdida de investidura y transgrede la Constitución, ya que otorga la facultad de juzgamiento a la Justicia Electoral, establece una mayoría absoluta, incluye como requisito la condena previa por el delito de tráfico de influencias. También modifica la Constitución al extender la pérdida de investidura para los concejales municipales y departamentales. Resta la aprobación en particular.