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En una reunión del sábado último, realizada en San Bernardino, 41 intendentes liberales presentes, de los 100 que están en el país, resolvieron en forma unánime retirarse de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), institución sumida en la corrupción y controlada por el clan de los hermanos Núñez de Villa Hayes y algunos aliados, como el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas. Todos estos políticos son colorados y militan actualmente en el cartismo.
Los alcaldes liberales que decidieron dejar la Opaci, y además instaron a sus colegas a hacer lo mismo, citan los artículos constitucionales 166 “de la autonomía” municipal, 168 “de las atribuciones”, incisos 2, 3 y 8, 170 “de la protección de recursos” y 171 como fundamentos de su determinación. El numeral 8 del Art. 168 de la Carta Magna otorga a los municipios la potestad de “la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos”.
Resaltan el artículo 170 que dispone que ningún organismo del Estado puede apropiarse de los ingresos o rentas municipales. La Opaci es una institución creada en 1964, durante la dictadura stronista, y desde 1997, después de ser un organismo del Estado, se convirtió en ONG.
Solo el año pasado, recaudó G. 41.000 millones en concepto de prestación de servicios a las comunas, como el manejo de una base de datos para la expedición de carnés de conducir, por el cual la ONG cobra a cada contribuyente G. 20.000 por la emisión y renovación del plástico, y por la retención de un impuesto por la transferencia de inmuebles.
Los jefes comunales del PLRA alegan que se da una situación irregular e ilegal con la Opaci y piden al Congreso la modificación de varias legislaciones.