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La Corte tiene que destrabar la investigación abierta al senador colorado Javier Zacarías Irún y a su esposa, Sandra McLeod de Zacarías, por declaración falsa que se encuentra en la máxima instancia judicial desde diciembre del año pasado. Esta investigación guarda relación con la declaraciones juradas falsas que el matrimonio realizó ante la Contraloría General de la República con respecto a su patrimonio.
La causa abierta al extitular de la ANDE Carlos Heisele por lesión de confianza también está en el alto tribunal desde diciembre de 2018. En este caso, el Ministerio Público había imputado al exalto funcionario por un perjuicio de G. 9.451.992.829 mediante indemnizaciones irregulares a diecisiete propietarios de inmuebles por donde pasa la Línea 500 kV de Villa Hayes. Inclusive, los montos superaron ampliamente las cifras establecidas en avaluación de la propia ANDE.
Desde diciembre del año pasado igualmente está trabado en la Sala Penal la causa N° 754/2018 “Empo Ltda. y Asociación sobre producción de documentos no auténticos”, en donde se indaga un perjuicio a la municipalidad de Asunción. Se habla de que detrás del caso está el poder económico, y que por ello el proceso está “congelado” en la máxima instancia judicial.
La causa el extitular del Indert Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito es otra de las cajoneadas en el alto tribunal, desde de noviembre de 2018, según la lista de procesos pendientes de resolución en la Sala Penal que fue elaborada por la Fiscalía General del Estado.
El proceso a Carlos Federico León Ocampo sobre tráfico de armas se encuentra en la Corte desde marzo de 2018 y es uno de los que más tiempo están en la Sala Penal. Es sugestiva la dilación que se da en esta causa, detrás de la cual también estaría el poder económico, según las fuentes.
El caso del funcionario de Aduanas Luis Pintos Aguilera, procesado por enriquecimiento ilícito, está en la Sala Penal desde noviembre del año pasado. Detrás de la causa estaría el poder político, según fuentes.
El proceso al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, igualmente se encuentra paralizado en la máxima instancia judicial.
Varios otros procesos por abuso sexual en niños, estafa, usura, declaración falsa, invasión de inmueble, violencia familiar, homicidio doloso, lesión grave y hasta quebrantamiento del depósito, duermen en la Sala Penal, que está presidida por el ministro Luis María Benítez Riera e integrada por Manuel Ramírez y Miryam Peña. Esta última es interina, ya que su sala original es la Constitucional. Los dos primeros son los que deberían mejorar su gestión para resolver las recusaciones planteadas contra los fiscales, con el objetivo de paralizar los procesos por la comisión de diferentes hechos punibles.
La semana pasada, un grupo de escrachadores visitó a la fiscala general Sandra Quiñónez, quien en la ocasión explicó que ya solicitó a la Corte que apure la resolución en los casos de recusación de los agentes del Ministerio Público. La institución dio a conocer una lista de más de 80 recusaciones, que esperan una definición de los integrantes de la Sala Penal.
La dilación para resolver los casos, en donde ni siquiera se deben estudiar el fondo de la cuestión, igual se tramita en forma lenta en la máxima instancia judicial. Esta es la queja de los abogados y usuarios de justicia.
En varias ocasiones, los integrantes del alto tribunal prometieron agilizar los casos. Sin embargo, hasta ahora y pese a la integración de nuevos ministros, continúan las dilaciones.
La Asociación de Abogadas del Paraguay, presidida por María Esther Roa, y que forma parte de los ciudadanos indignados, en varias ocasiones ya pidió al Poder Judicial que ayude a agilizar los procesos a políticos enjuiciados por corrupción. Le letrada y otras integrantes del grupo, por ejemplo, participaron incluso del juicio oral en donde fue condenado el exsenador Víctor Bogado en el caso conocido como “niñera de oro”, Gabriela Quintana. La condena sirvió para Bogado pierda su investidura como legislador. El tribunal lo encontró culpable como cómplice de cobro indebido de honorarios de Quintana.
Por otro lado, Roa había reclamado la poca apertura de parte de la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca. La misma se negaba a informar sobre los procesos que lleva a cabo la unidad a su cargo.
El control ciudadano sobre los casos que se siguen en la Fiscalía y el Poder Judicial es clave. Los magistrados y agentes del Ministerio Público tienen que rendir cuentas de su gestión. Sin embargo, a la mayoría de estos funcionarios, pagados con el dinero público, les cuesta ser transparentes.
La Corte, presidida por el ministro Eugenio Jiménez, debe tomar las medidas necesarias para apurar la resolución de los casos impugnados ante la Corte. La dilación del Poder Judicial solo favorece a los procesados por diferentes delitos.
Impugnación se agota en Fiscalía General
La Fiscalía General del Estado sostiene que la recusación de los agentes del Ministerio se debe resolver en esta instancia y ya no en la Corte. Esto después de que el alto tribunal haya declarado inconstitucional la ley que le daba facultad al juez de garantías como última instancia para definir.
“Con ello se tiene que la máxima instancia judicial excluyó el trámite de impugnación ante el juez penal de garantías; sumado a ello cabe resaltar que le ley 4685/12 sustituyó íntegramente el artículo 57 del Código Procesal Penal , con lo cual se derogó el texto original que establecía la competencia de la Sala Penal de la Corte en el trámite de la impugnación de las resoluciones dictadas por el Ministerio Público”, manifiesta el escrito de la Fiscalía.
Agrega que “de las cuestiones apuntadas surge que el mecanismo de impugnación se agota en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, lo que se evidencia con la transcripción de la parte pertinente del texto normativo vigente, que dispone: “La recusación será resuelta por el superior inmediato, sin perjuicio de las facultades conferidas al Fiscal General del Estado, con relación a la organización interna del Ministerio Público”.
El 12 de marzo pasado, los ministros Gladys Bareiro, Miryam Peña y Antonio Fretes la competencia de los juez de garantías para resolver las recusaciones de los fiscales.
Ahora, en una reciente contestación para el rechazo de la impugnación de un agente, el Ministerio Público sostiene que la Fiscalía General es la última instancia en cuanto a la recusaciones. Si los ministros hacen lugar a este argumento, la Sala Penal deja de tener competencia.
En la plenaria del martes pasado, los ministros de la Corte Suprema de Justicia comenzaron a debatir el tema. Existiría mayoría para dejar sentada la postura de que en la Fiscalía General del Estado se agote la impugnación de la resolución que confirma a un fiscal en la causa.