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Luego de un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, de Defensa, el Ministerio Público y los legisladores, la Comisión de Asuntos Constitucionales finalmente sacó el texto final sobre la creación de la secretaría nacional de inteligencia (SNI). Estará a cargo de un funcionario nombrado por el Presidente de la República y tendrá rango de ministro.
De la mencionada institución dependerá el sistema nacional de inteligencia que estará compuesto de un conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, que trabajarán en forma coordinada para asesorar en las decisiones a los niveles de conducción superior del Estado.
El organismo podrá examinar, por orden judicial, comunicaciones telefónicas, postales, facsímiles, transmisión de imágenes, voces, bases de datos, así como cualquier tipo de información, archivos o documentos privados.
El pedido de autorización deberá ser formulada ante el juez penal de garantías de turno del lugar en el cual se habrá de realizar el procedimiento respectivo. El secretario Nacional de Inteligencia deberá informar la conclusión de la diligencia ante el mismo órgano jurisdiccional que autorizó la intervención en un plazo no máximo de 14 horas.
Mediante la ley se prevé también la creación del instituto nacional de inteligencia que será una institución de enseñanza superior de capacitación y perfeccionamiento en materia de inteligencia, y podrá acceder a sus cursos el personal de los restantes organismos integrantes del sistema de inteligencia nacional.
Las instituciones que estarán involucrados en el sistema son: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, las comisiones de Defensa de las Cámaras de Diputados y Senadores; la Secretaría Nacional de Tecnologías (Senatics), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Dos proyectos de ley fueron tomados como base para elaborar la propuesta de normativa. Una fue presentada por David Ocampos en la legislatura pasada, y otra del diputado Hugo Rubin. Se tiene previsto tratar el próximo miércoles en plenaria.