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Montanaro indicó que sus clientes fueron notificados el 4 de mayo de 2016 que se había iniciado el proceso de la caducidad de la concesión de explotación debido a que no pagaron el canon correspondiente al 2014 y 2015. Sin embargo, el abogado mostró documentos que demuestran que sus representados habían realizado el pago correspondiente un mes antes, el 7 de abril.
Dijo, además, que sorprendió la forma en la que el MOPC rechazó la reconsideración que plantearon ellos y que la cartera de Estado debía otorgar un plazo de 60 días para la corrección del incumplimiento, lo que no ocurrió en este caso.
De hecho, señaló el abogado, el Poder Ejecutivo emitió ya un decreto por el cual declaraban caduco el contrato de concesión antes siquiera de notificarles el rechazo a su pedido de reconsideración.
Relató que casi a la par se comenzó a otorgar licencias ambientales al proyecto de exploración y explotación presentado por un exfuncionario del MOPC que ya incluyó dentro de sus planos al inmueble que pertenece a los empresarios extranjeros despojados de su contrato.
Montanaro manifestó, además, que no se puede utilizar un decreto del Poder Ejecutivo para derogar una ley, como se pretendió hacer en este caso, puesto que la concesión fue otorgada por una ley sancionada por el Congreso.