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En un control sorpresivo realizado por instrucciones de la ministra de Justicia Sheila Abed, la Inspectoría General detectó graves faltas en cuanto al alimento que se provee a los internos del CEI de Itauguá. Dicha situación ya había sido denunciada por los familiares de las víctimas de la brutal represión que se produjo en abril último.
Francisco Quiñónez, inspector general del Ministerio de Justicia, dijo que habían llegado a su conocimiento dos informes que describen situaciones alarmantes detectadas por una comitiva de esa institución que se constituyó recientemente en el CEI, sin aviso previo.
Los hechos que relató dicha comitiva evidencian una falta absoluta de control por parte de los funcionarios que, en ese momento, estaban al frente de la institución, detalla el informe.
La Inspectoría recomendó la inmediata adopción de medidas correctivas, entre ellas el sumario y traslado urgente de las funcionarias encargadas de la elaboración de la comida. También recomendó la posibilidad de que en adelante se elabore un mismo menú tanto para internos como para funcionarios, para que no existan más diferencias de calidad.
“Las fotografías adjuntadas por la comitiva son elocuentes y no merecen mayores explicaciones sobre la abismal diferencia que existe entre la comida ofrecida a los internos en comparación con aquellos servidos a los funcionarios”, señala en un punto del informe. Estos hechos motivaron la separación del cargo del director del CEI Blas Martínez y la intervención de esa institución. La ministra Abed ordenó el control periódico del menú y la asignación efectiva de tareas en cuanto a la limpieza de las instalaciones.
Debido al motín ocurrido en abril, que derivó en la muerte de dos jóvenes, de 15 y 17 años, por disparos de balines de plomo, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) anunció la presentación de una querella criminal contra dos exguardias y dos exdirectores. La Unicef, en un comunicado, había recordado la prohibición de usar armas de fuego en los centros donde hay menores.
En tanto, la Comisión Interamericana de DD.HH. con sede en Washington pidió al Gobierno paraguayo investigar el caso.