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Ambos coincidieron en que se había trabajado mucho el proyecto y que eran necesarios algunos cambios para que su aplicación sea viable y no perjudique a quienes se dedican a la fabricación de las bolsitas.
Uno de los cambios que planteaban es que el proceso de reemplazo de las bolsas por otra de material biodegradable sea de 18 meses y no de 12, como quedó el proyecto sancionado.
Igualmente, disponía que la aplicación de la normativa no recaiga solamente en el Ministerio de Industria y Comercio sino involucrar de lleno a las municipalidades de todo el país.
Kennedy indicó que cada municipio conoce la situación comercial de su zona y puede plantear reglamentación acorde a su realidad particular.
En caso de que el Ejecutivo vete la ley, se podría aceptar e impulsar un nuevo proyecto con las modificaciones estudiadas.