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Las 39 pensiones graciables concedidas irregularmente a funcionarios y jubilados del Estado fueron identificadas por una comisión investigadora presidida por el diputado liberal Édgar Acosta, cuyo nombre –según fuentes de su partido– se baraja para dirigir la Contraloría General de la República.
La lista de beneficiados, que por ley tienen impedido acceder a este rubro, es encabezada por el actor cómico Rafael Rojas Doria, quien además de cobrar una pensión graciable de G. 2.500.000 percibe un salario estatal de G. 1.658.232.
El exintegrante del dúo “Los Compadres” hace unos días, recordó y agradeció a Alfredo Stroessner, cuando acudió a ser homenajeado por el Congreso.
También figuran Gladys Bernal, madre de una víctima del “Marzo Paraguayo”, quien ya cobra sueldo del IPS, y el comunicador Antolín Leguizamón, jubilado del IPS, entre otros exdeportistas, artistas y demás ciudadanos (Ver infografía). Édgar Acosta indicó que actualmente se encuentra totalmente desvirtuado el objetivo original de las pensiones graciables, que es dar una vida digna a personas de escasos recursos por su significativo servicio al país.
“Esto salió del contexto, se politizó y se premió a gente que no correspondía”, dijo al señalar que más del 80% de las 516 pensiones graciables vigentes no cumplen la ley marco.
El parlamentario refirió que los nombres serán entregados al pleno de la Cámara de Diputados y será el colegiado el que resolverá remitir los antecedentes a la fiscalía. Así también se deben derogar las 39 leyes que otorgaron los beneficios irregulares, dijo. Agregó que también recomendará al pleno modificar el reglamento para ceder pensiones, ya que incluso hay artistas que aún generan ingresos privados y cobran este subsidio, como los cantantes Quemil Yambay y Alberto de Luque.
Por otro lado, Acosta indicó que muchos pensionados irregularmente se jubilaron con montos ínfimos de G. 200.000 y el bloqueo del subsidio plantea una solución de fondo al Ministerio de Hacienda.
Agregó que otros alegan discapacidades físicas, pero subrayó que para estos casos ya existen instituciones encargadas, como el Senadis.