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Alliana declaró ante los medios de prensa que se pretendía adjudicar una deuda de G. 200 millones que se negaron a pagar y que por ese motivo fue suspendida la provisión durante una semana. “Lilian Escobar (dueña de la empresa proveedora) entendió que esa cuenta no podíamos pagar porque no era una cuenta de la Cámara de Diputados y porque no estaba en el corte administrativo”, afirmó el legislador.
Asimismo, dijo que se ha ahorrado esa “deuda injusta” que se le pretendía atribuir a la Cámara. “Hay mucho por mejorar y por arreglar, y creemos que con el estudio del próximo año se va a adecuar el presupuesto de la Cámara de Diputados”, enfatizó.
Según versiones días antes del corte administrativo, realizado en el mes de junio, se quiso cargar la deuda de G. 200 millones a cuenta de la Cámara de Diputados. La deuda no fue reconocida por la administración de Alliana y habría quedado como una deuda de la administración de Velázquez con la empresa.
Alfredo Mongelós, exadministrador, declaró que existió una confusión y que la empresa “Lilian Kuchen” acercó dos días antes del cierre de la administración facturas de la deuda, pero que, sin embargo, fueron saldadas, siendo subsanado el problema.
Mongelós mencionó que tras recibir el reclamo de Alliana se reunió personalmente con la dueña de la empresa proveedora de servicios gastronómicos para realizar un arqueo y ver la situación. Añadió que, tras aclararse la situación, a la semana siguiente se restableció el servicio.
Lilian Escobar, propietaria de la empresa proveedora de los bocaditos, sin embargo mencionó que existe una deuda de G. 200 millones y que se mantiene pendiente hasta que la administración anterior “pueda arreglar”.
Escobar mencionó que el servicio de bocaditos por el millonario monto fue entregado a la Cámara, y que está prohibido que la entrega se realice fuera de la Cámara.
El contrato
El contrato fue firmado durante la administración de Velázquez, el 30 de marzo, para proveer bocaditos y bufé de comidas por un valor total de G. 500 millones.