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La denuncia por producción de documentos de contenido falso será presentada en contra del Estado, la firma Favero SA, la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que preside el senador González Daher.
La relación entre la firma Favero y el grupo de productores se origina desde el momento en que la firma de Tranquilo Favero otorga financiación en la producción de diversas zafras. El abogado defensor de la firma Sienna SA, Daniel Alarcón, relató que durante el proceso de préstamo 15 familias sufrieron la falsificación en la producción de documentos de contenido falso, con base en los cuales se triplicaron sus deudas.
Añadió que con los documentos falsos, avalados por la escribanía de la esposa de González Daher, se generaron acciones imponiendo a la fuerza el secuestro de granos y el remate de las propiedades privadas, con el fin de concentrar las tierras productivas en manos de un solo monopolio privado.
Marino Raiter, productor de granos, había denunciado la falsificación de su firma para simular hipotecas a favor del Grupo Favero. La pericia del Ministerio Público confirmó que es falsa. El Grupo Favero pretende cobrar 23 millones de dólares con esta maniobra dolosa.
La abogada de la familia Raiter, Wilma Díaz, mencionó que la permanente custodia policial continúa, con el fin de que los propietarios de las tierras no puedan hacer uso y goce de su propiedad ni puedan retirar sus productos agrícolas. Lamentó que se haya llegado a la gravedad de perderse más de 500 hectáreas de soja.
“Sin ninguna orden judicial, ejercen el atropello usando de mala fe y abusando de la institución”, cuestionó la abogada al mencionar que la situación se volvió insostenible.
También dijo que las firmas falsas de Raiter fueron confirmadas no solo por el Ministerio Público, sino también por peritos de Londres, donde concluyeron que las firmas fueron falsificadas.
Alarcón afirmó que el senador colorado, con el propósito de lograr la impunidad de su esposa y en su carácter de miembro del JEM produjo un diseño que impide que los básicos derechos constitucionales relacionados al debido proceso y la legítima defensa funcionen.
Mencionó que el pasado 25 de enero 15 productores de Mayor Otaño fueron víctimas de una represión, donde cerca de 200 policías en un aparatoso despliegue se presentaron para extraer la cosecha de granos de soja. Lamentaron la inacción de la Fiscalía para resolver el caso.