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Mencionó que los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad a pesar de los reclamos y denuncias por incumplimiento de la ley no tuvieron ninguna respuesta.
Ferreira declaró que existe mucha preocupación porque no solamente se incumple la obligatoriedad de la inclusión dentro del plantel de funcionarios en el 5%, sino porque existen violaciones sumamente graves como que los contratados que cuentan con antigüedad de más de 12 años siguen sin ser nombrados.
Comentó que los contratados de muchas instituciones no gozan de los mismos privilegios que otros funcionarios. Relató que existen casos de ingenieros y otros profesionales que se encuentran trabajando en el call center, y no ejercen su profesión o no prestan el servicio para el que se especializaron. “Es violatorio desde todo punto de vista, se están avasallando derechos humanos y es gravísimo”, aseveró.
La diputada dijo que una de las instituciones con más casos denunciados, en este sentido, es la Industria Nacional del Cemento (INC). “Sus contratados con discapacidad no gozan de vacaciones, no tienen antigüedad y tampoco cumplen con la ley que establece la inclusión de personas con discapacidad en la proporción del 5%”, lamentó.
“Exclusión”
El presidente de la Asociación de Funcionarios Públicos con Discapacidad, Julio González, dijo que apenas 1.700 de las 13.000 personas con discapacidad, en todo el país, se encuentran trabajando, actualmente, en las instituciones del Estado. Para ello, plantea una urgente modificación de la ley de inclusión laboral para que también puedan acceder a la desprecarización.