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“Los muy promocionados concursos públicos de oposición para el ingreso a la función pública desde un principio se presentan como un gran logro. Pero tenemos que decir con absoluta seguridad que en buen número están totalmente amañados y son una farsa”. Así lo manifestó en la última sesión de la Cámara Baja el diputado Sergio Rojas (PLRA), representante del departamento Central, al cuestionar la veracidad del supuesto proceso de saneamiento en la función pública en el gobierno del presidente Horacio Cartes.
En marzo último, Rojas impulsó en Diputados la aprobación de un pedido de informe a todas las instituciones del Estado sobre la totalidad de funcionarios que ingresaron y salieron desde el 15 de agosto de 2013. Con los datos oficiales, denunció puntualmente al Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). “De los 44 que ingresaron, todos están afiliados a un solo partido político”, dijo. “Pero lo más grave es que la responsable del IPA es una concejala con permiso de la ciudad de Limpio, y para nuestra sorpresa, de los 44 que ingresaron por concurso público de oposición, 26 pertenecen a la comunidad de Limpio. Es más que contundente la manipulación”, denunció el parlamentario. El IPA tiene 64 funcionarios nombrados, 26 contratados y 16 comisionados.
ABC Color buscó contactar con la titular del IPA, Esmilce Bobadilla, pero responsables del ente dijeron que la misma se encontraba en la Expo Trébol 2015 y que no podía responder a consultas periodísticas.
En el mismo contexto, Rojas también criticó que el propio ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, haya anunciado que no se aplicaría el Decreto N° 3857, que anula todos los contratos sin concurso.
“Se firmó una cosa y el ministro de la Función Pública terminó diciendo totalmente lo contrario. Ojalá que este decreto no sirva para la persecución de aquellos que no están con el gobierno”, señaló.
Lo que exige la ley
La Ley 1626 de la Función Pública, en su Art. 15, señala que “el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública será el de concurso público de oposición”.
El mismo artículo agrega: “Se entenderá por concurso público de oposición el conjunto de procedimientos técnicos, que se basará en un sistema de ponderación y evaluación de informes, certificados, antecedentes, cursos de capacitación y exámenes, destinados a medir los conocimientos, experiencias e idoneidad del candidato, expresándolos en valores cuantificables y comparables, conforme al reglamento general que será preparado por la Secretaría de la Función Pública y aprobado por decreto del Poder Ejecutivo”.
Solo en el 2014 al menos 1.600 funcionarios ingresaron al Estado sin concurso público, según informe de la misma Secretaría de la Función Pública.
Ley castiga con la nulidad
La Ley 1626, en su artículo 17, castiga duramente el ingreso ilegal de funcionarios a la administración pública. El artículo dispone: “El acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en transgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Los actos del afectado serán anulables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento. La responsabilidad civil de los funcionarios, contratados y auxiliares, será siempre personal y anterior a la del Estado, que responderá subsidiariamente”. Por ahora es apenas letra muerta.