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El informe preliminar resaltó que la Gobernación habría dejado de percibir más de G. 3500 millones en concepto de multas, por atraso de las diferentes empresas constructoras adjudicadas para la ejecución de obras de infraestructura. No fueron aplicadas.
Por otro lado, el auditor denunció que la desaparición de los documentos oficiales de la sede dificultó mucho el trabajo de investigación.
También se incluyó el reclamo de millonarias deudas por parte de las empresas Ladero SA y Distribuidoras Paraguayas, en concepto de provisión de merienda escolar, aunque durante la auditoría se detectó que las mismas ya fueron canceladas, a juzgar por los cheques emitidos.
En la sesión extraordinaria del viernes, los concejales departamentales presentaron dos mociones. La primera fue planteada por el concejal Benjamín Adaro Monzón (ANR, Añetete), quien sugirió llevar la denuncia a Delitos Económicos de la Fiscalía.
La segunda moción fue presentada por el concejal cartista Ever Brítez, quien pidió enviar el caso a la Contraloría General de la República. Sin embargo, en votación el resultado fue de siete a favor de enviar a la Fiscalía, y cinco, para la moción del cartista.
Diputado respondió
El diputado Dávalos fue consultado sobre la denuncia presentada en su contra. Respecto a la supuesta sobrefacturación de licitaciones u obras fantasmas, no ahondó en el tema.
El hecho de no aplicar multas a las constructoras por los atrasos, manifestó que “seguramente las empresas justificaron los atrasos por problemas climáticos o por otro tipo de inconvenientes para no terminar en tiempo las obras”, argumentó.
Con relación a las deudas reclamadas en concepto de merienda escolar, afirmó que fueron pagadas en tiempo y forma.