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Integrantes del Servicio Paz y Justicia (Serpaj Py) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) visitaron la comunidad de Tacuatí Poty, departamento de San Pedro, para interiorizarse de denuncias recibidas sobre supuestos abusos que habrían cometido en el lugar la fiscala Fanny Aguilera y el comisario Ovidio Benegas, en el proceso de investigación del asesinato del ganadero Luis Lindstron.
Representantes de las organizaciones de derechos humanos criticaron una serie de defectos en el procedimiento e incluso dijeron que intentaron “plantar” panfletos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) durante los allanamientos.
Fiscalía dice otra cosa
Según la Fiscalía General del Estado un testigo se ratificó ante el Juzgado en que el asesinato de Lindstron, ocurrido el 31 de mayo pasado en plena luz del día, fue financiado por el primer anillo del EPP, que además designó a tres de sus fusileros para ayudar a los miembros de la célula que opera en el asentamiento Tacuatí Poty a materializar el ataque. La mujer reveló los nombres de los involucrados.
La fiscala Aguilera se ratificó en que el allanamiento se hizo conforme a la ley y que no violaron los derechos humanos, según un informe que remitió al Ministerio Público.
Las organizaciones de derechos humanos que convocaron la conferencia de prensa no se solidarizaron con la familia Lindstron sino que se centraron en desacreditar las investigaciones y los operativos fiscales y policiales, quizás con la intención de evitar investigaciones para conocer a los verdaderos culpables del cruel asesinato.