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El informe del órgano contralor refiere que el 2 de octubre de 2012 la Policía Nacional (PN), representada por el subcomandante, comisario general director Carlos Ramón Altemburger, contrató a la empresa “Zayr & Asociados”, representado por Óscar Osvaldo Zaracho Méndez, para la construcción de comisarías en Paso Barreto, Belén, Paso Horqueta, Hugua Ñandu, Sidepar y Barcequillo, por un monto de G. 6.246.000.000.
A mayo del 2013 se realizaron pagos por G. 4.373.000.000 sin que la Policía Nacional haya realizado las mediciones por los trabajos ejecutados ni recibido los respectivos certificados de las obras. Es decir, los pagos fueron realizados sin cumplirse con lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Del 9 de julio al 1 de agosto de 2013, la Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría General realizó una verificación in situ de las obras. Luego del análisis del descargo de la Policía Nacional, encontró obras ejecutadas por G. 3.463.380.855 y en ese momento las obras estaban inconclusas y con atrasos considerables en sus avances respectivos. Esa situación fue informada por la Contraloría al Ministerio del Interior.
El 24 de diciembre de 2013 se rescinde el contrato por mutuo acuerdo, en el cual se menciona que “...el avance de las obras ha cubierto el monto correspondiente de los pagos otorgados a la adjudicada”.
Del 15 al 25 de octubre de 2014 la CGR realizó una segunda verificación in situ de las obras dentro de un proceso de profundización de indicios de hechos punibles, ya existiendo la rescisión contractual y la liquidación de cuentas preparada y aceptada por las partes, según verificado. Se comprobó la existencia de diferencias entre lo ejecutado y pagado por la institución. Recalca que la Policía Nacional desembolsó pagos en mayor cantidad a lo ejecutado por la empresa Zayr & Asociados.
El órgano superior de control pide al Ministerio Público que investigue los documentos remitidos, a fin de determinar qué hechos punibles se cometieron.