Cargando...
Señala que en el manejo doloso de los procesos judiciales están involucrados tanto el ex abogado de CIPASA, Felino Amarilla, como jueces, camaristas, actuarios judiciales, abogados, peritos y hasta rematadores.
"Esta denuncia encierra una gravedad inimaginable, pues no solamente involucra al autor o beneficiario directo (en relación a Felino Amarilla), sino evidencia la existencia de toda una maquinaria delictiva empotrada en el Poder Judicial", señala Antebi en la denuncia penal presentada ante la fiscalía.
La denuncia -presentada bajo el patrocinio del profesional Cristóbal Cáceres Frutos- afecta directamente al ex abogado de CIPASA Felino Amarilla, pero también involucra a los "otros participantes, funcionarios del Poder Judicial, como jueces miembros del Tribunal de Apelación de la Sala Civil y Comercial, actuarios y otros auxiliares de la justicia que fungen como rematadores públicos, oficiales de justicia, abogados, peritos", etc.
Amarilla es acusado por el directivo de CIPASA por la comisión de "hecho punible contra el patrimonio y la prueba documental previsto en el Art. 187 (estafa), en concordancia con los Arts. 26 (tentativa), 29 (autoría) y 250 (producción inmediata de documentos de contenido falso como medio para llegar al fraude procesal y asociación criminal (Art. 239)".
El historial de los hechos denunciados se remonta a 1997, cuando CIPASA contrató a Amarilla para regular judicialmente el pago de las 224.602 hectáreas expropiadas de la finca Nº 921 del distrito de Concepción durante el gobierno Wasmosy pertenecientes a la firma en cuestión. Antebi señala en su denuncia que Amarilla había pactado cobrar sus honorarios profesionales recién cuando CIPASA le cobrara al Estado paraguayo, cuando se concretara el pago de la indemnización correspondiente, que fue fijada en G. 213.379 millones por SD 368 de fecha 2.06.00 que aún no fue efectivizada.
Destaca que Amarilla no respetó lo pactado e inmediatamente solicitó la regulación de sus honorarios, que fueran fijados esa misma fecha por AI Nº 102 en G. 19.437 millones. A partir de entonces se perpetraron una serie de irregularidades procesales para favorecer tanto el cobro de los honorarios de Amarilla como el posterior remate de la parte de la propiedad no expropiada (unas 130.000 hectáreas), dispuesto por el mismo juez itinerante, el magistrado Ramón Augusto Melo Suárez, quien primero interinó circunstancialmente el 1er. turno en lo Civil y Comercial y luego el 5º turno del mismo fuero. La denuncia puntualiza que el fraude procesal se concretó cuando el "expediente sospechosamente siguió al juez, pero no al turno, en transgresión dolosa del Art. 521 del CPC".
Igualmente, se denuncia manipulación tanto en el Tribunal de Apelaciones (intervino un camarista inhibido) como en un recurso de inconstitucionalidad planteado ante la Corte Suprema (se escondió un expediente) que debía paralizar todos los procesos (Art. 559 del CPC), en especial la regulación de honorarios de Amarilla.
Así -continúa- se posibilitó amañadamente el embargo y posterior remate del remanente no expropiado del inmueble, ejecutado el 31 de diciembre del 2002. La denuncia también señala "la conducta temeraria" de la nueva jueza del 5º turno en lo Civil y Comercial, Nilsa Ramona Aquino de Silva, en flagrante violación de las leyes procesales vigentes.
"Primero -ironiza- fue cuasi confiscado el 60% de las tierras de CIPASA, ya que no hubo aún pago de indemnización y el abogado contratado para defender esos derechos ahora pretende arrebatar el 40% restante. Más hubiera valido no contratar a Amarilla y por lo menos CIPASA hubiera salvado la parte no expropiada".
La presentación plantea la toma de declaraciones testimoniales de quienes estuvieron involucrados en los hechos denunciados, como ser el juez itinerante Ramón Augusto Melo Suárez, el juez itinerante Héctor Capurro Radice, la jueza del 5º turno en lo Civil y Comercial, Nilsa Ramona Ortiz de Silva; el camarista Arnaldo Martínez Prieto, el camarista Gerardo Báez Maiola, el actuario judicial Gustavo Martínez, el secretario del Tribunal de Apelación de la 3ª C. y C. Sala, Alejandrino Cuevas; el rematador público Carlos Federico Toledo Falcón, la Abog. Marlene Lucila Santos de López (apoderada de Amarilla) y el abogado de CIPASA, Carlos A. Ruffinelli.
Amarilla -que mañana lunes tiene marcada su audiencia indagatoria ante la fiscala Teresa Flecha-, cuando fue consultado por ABC Color negó las manipulaciones procesales y señaló que le corresponde cobrar sus honorarios (casi 20 mil millones), pues logró que se regulara un precio de G. 950.000 por hectárea luego de que se fijara inicialmente en G. 50.000. Afirmó que nunca se perfeccionó el convenio para el cobro diferido de los honorarios, recién luego que CIPASA percibiera la indemnización correspondiente, aunque admitió que hubo tal planteamiento de su parte.
"Esta denuncia encierra una gravedad inimaginable, pues no solamente involucra al autor o beneficiario directo (en relación a Felino Amarilla), sino evidencia la existencia de toda una maquinaria delictiva empotrada en el Poder Judicial", señala Antebi en la denuncia penal presentada ante la fiscalía.
La denuncia -presentada bajo el patrocinio del profesional Cristóbal Cáceres Frutos- afecta directamente al ex abogado de CIPASA Felino Amarilla, pero también involucra a los "otros participantes, funcionarios del Poder Judicial, como jueces miembros del Tribunal de Apelación de la Sala Civil y Comercial, actuarios y otros auxiliares de la justicia que fungen como rematadores públicos, oficiales de justicia, abogados, peritos", etc.
Amarilla es acusado por el directivo de CIPASA por la comisión de "hecho punible contra el patrimonio y la prueba documental previsto en el Art. 187 (estafa), en concordancia con los Arts. 26 (tentativa), 29 (autoría) y 250 (producción inmediata de documentos de contenido falso como medio para llegar al fraude procesal y asociación criminal (Art. 239)".
El historial de los hechos denunciados se remonta a 1997, cuando CIPASA contrató a Amarilla para regular judicialmente el pago de las 224.602 hectáreas expropiadas de la finca Nº 921 del distrito de Concepción durante el gobierno Wasmosy pertenecientes a la firma en cuestión. Antebi señala en su denuncia que Amarilla había pactado cobrar sus honorarios profesionales recién cuando CIPASA le cobrara al Estado paraguayo, cuando se concretara el pago de la indemnización correspondiente, que fue fijada en G. 213.379 millones por SD 368 de fecha 2.06.00 que aún no fue efectivizada.
Destaca que Amarilla no respetó lo pactado e inmediatamente solicitó la regulación de sus honorarios, que fueran fijados esa misma fecha por AI Nº 102 en G. 19.437 millones. A partir de entonces se perpetraron una serie de irregularidades procesales para favorecer tanto el cobro de los honorarios de Amarilla como el posterior remate de la parte de la propiedad no expropiada (unas 130.000 hectáreas), dispuesto por el mismo juez itinerante, el magistrado Ramón Augusto Melo Suárez, quien primero interinó circunstancialmente el 1er. turno en lo Civil y Comercial y luego el 5º turno del mismo fuero. La denuncia puntualiza que el fraude procesal se concretó cuando el "expediente sospechosamente siguió al juez, pero no al turno, en transgresión dolosa del Art. 521 del CPC".
Igualmente, se denuncia manipulación tanto en el Tribunal de Apelaciones (intervino un camarista inhibido) como en un recurso de inconstitucionalidad planteado ante la Corte Suprema (se escondió un expediente) que debía paralizar todos los procesos (Art. 559 del CPC), en especial la regulación de honorarios de Amarilla.
Así -continúa- se posibilitó amañadamente el embargo y posterior remate del remanente no expropiado del inmueble, ejecutado el 31 de diciembre del 2002. La denuncia también señala "la conducta temeraria" de la nueva jueza del 5º turno en lo Civil y Comercial, Nilsa Ramona Aquino de Silva, en flagrante violación de las leyes procesales vigentes.
"Primero -ironiza- fue cuasi confiscado el 60% de las tierras de CIPASA, ya que no hubo aún pago de indemnización y el abogado contratado para defender esos derechos ahora pretende arrebatar el 40% restante. Más hubiera valido no contratar a Amarilla y por lo menos CIPASA hubiera salvado la parte no expropiada".
La presentación plantea la toma de declaraciones testimoniales de quienes estuvieron involucrados en los hechos denunciados, como ser el juez itinerante Ramón Augusto Melo Suárez, el juez itinerante Héctor Capurro Radice, la jueza del 5º turno en lo Civil y Comercial, Nilsa Ramona Ortiz de Silva; el camarista Arnaldo Martínez Prieto, el camarista Gerardo Báez Maiola, el actuario judicial Gustavo Martínez, el secretario del Tribunal de Apelación de la 3ª C. y C. Sala, Alejandrino Cuevas; el rematador público Carlos Federico Toledo Falcón, la Abog. Marlene Lucila Santos de López (apoderada de Amarilla) y el abogado de CIPASA, Carlos A. Ruffinelli.
Amarilla -que mañana lunes tiene marcada su audiencia indagatoria ante la fiscala Teresa Flecha-, cuando fue consultado por ABC Color negó las manipulaciones procesales y señaló que le corresponde cobrar sus honorarios (casi 20 mil millones), pues logró que se regulara un precio de G. 950.000 por hectárea luego de que se fijara inicialmente en G. 50.000. Afirmó que nunca se perfeccionó el convenio para el cobro diferido de los honorarios, recién luego que CIPASA percibiera la indemnización correspondiente, aunque admitió que hubo tal planteamiento de su parte.