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El abogado Salustiano Ortiz explicó que en enero de 2018 Samaniego renunció a su cargo de intendente de Quyquyhó, para poder candidatarse como diputado, ante esta situación fue que se nombró como intendenta interina a Isidora Benítez (PLRA), quien al asumir el cargo, el 29 de enero, pidió a Samaniego los documentos que avalen su gestión de los dos periodos que estuvo al frente de la institución, pero el actual diputado se negó a hacerlo.
Ante esta situación se pidió la presencia de auditores de la Contraloría General de la República, que tras hacer un análisis concluyeron que el intendente saliente no dejó documento alguno que respalde su gestión administrativa, de esto se labró acta, según el abogado Ortiz, y el hecho fue agregado a su denuncia.
No existen facturas del uso que se dio al dinero de los royalties y Fonacide, se presume que el daño patrimonial asciende a más de G. 10.000 millones, por lo que se presentó la denuncia en marzo, pero hasta ahora no se realizaron diligencias para esclarecer el caso.
La semana pasada se designó a la fiscala Marlene González para atender el caso después de renuncias y dilaciones.