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El ministro Jiménez Gaona concurrió ante la Cámara de Senadores el 10 de agosto pasado para responder sobre la responsabilidad de su administración en la crisis ambiental que se desató en el río Pilcomayo y que costó la vida a decenas de ejemplares de yacarés y otros animales silvestres.
El tratamiento del tema es urgente dado que está por vencer el plazo para que el Senado se pronuncie y emita o no un voto de censura contra el alto funcionario.
Para aprobar el voto de censura al ministro Jiménez Gaona es necesaria una mayoría de dos tercios, es decir 30 votos. No obstante, el resultado no es vinculante para el Poder Ejecutivo, que no está obligado a destituir o tomar alguna medida contra el secretario de Estado.
En su descargo, Jiménez Gaona había deslindado responsabilidad con las obras en el río Pilcomayo cuya falta de realización motivó que se secase el curso de agua en territorio paraguayo. El ministro afirmó que el responsable de los pagos y control de las obras por US$ 4,2 millones fue el anterior director de la Comisión del Pilcomayo, Daniel Garay.
“El ordenador de gastos para las acciones de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo no es el ministro de Obras Públicas, sino el propio director de la Comisión Nacional”, fue la respuesta del secretario de Estado ante las preguntas de los senadores, durante la sesión extra. Sin embargo, admitió que la ejecución del presupuesto de dicha comisión es realizada por el MOPC.
El ministro también fue cuestionado por algunos presuntos hechos de corrupción, los cuales negó.
La sesión en la que compareció Jiménez Gaona terminó en un escándalo, debido a que el senador Eduardo Petta intentó regalarle al ministro un muñeco de peluche de un yacaré. Esto causó la molestia de parte de las bancadas del PLRA y la ANR, así como de Unace que se retiraron del pleno por “la falta de respeto” y eso causó que la sesión quedase sin quorum.
No se dio por aludido
En la actual administración de Horacio Cartes ya recibieron el voto de censura de parte de alguna de las cámaras del Congreso el ministro de la Sicom, Fabrizio Caligaris; el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, y el viceministro de Seguridad, Javier Ibarra. En ninguno de esos casos el Ejecutivo tomó alguna medida y todos siguieron en sus cargos.