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El informe del órgano superior de control revela que en el ejercicio fiscal 2013, la administración de la SNNA fue deficiente.
En el mencionado periodo fiscal estaban al frente de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia José María Orué Rolandi, desde el 28 de junio del 2012; y Carlos Enrique Zárate Fleitas, desde el 4 de setiembre del 2013, dice el informe.
Observó inadecuada supervisión y control interno, falta de ordenamiento administrativo y el incumplimiento de disposiciones legales, entre otros.
Una de las deficiencias puntualizadas por el informe de Contraloría es la baja ejecución presupuestaria de los subprogramas “Fono Ayuda” y “Niños en situación de calle”, que representa el 54 por ciento equivalente a G. 6.414.956.478 del presupuesto obligado en relación al presupuesto vigente de los subprogramas de menor ejecución.
También constató diferencia de precio por importe de G. 4.518.895.168, entre el valor de adquisición de alimentos efectuada por la SNNA, y los precios promedios del mercado, establecidos por el Ministerio de Industria y Comercio.
La citada institución no realizó concurso público de oposición para el nombramiento de funcionarios, abonando en concepto de sueldos, durante el 2013, un importe de G. 1.786.646.478 en incumplimiento a lo establecido en la Ley 1626/2000 “De la Función Pública”.
Señala que al 31 de diciembre del 2013, la SNNA pagó G. 248.400.000 en concepto de transferencias a entidades educativas sin fines de lucro, por proyectos sociales correspondientes al año 2012, en contravención a la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.
La auditoría, realizada por la Dirección General de Control de Recursos Sociales de la Contraloría, constató igualmente un atraso de hasta 108 días para la devolución al Ministerio de Hacienda de los fondos no utilizados por el Programa Abrazo para el pago de “Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado” por un monto de G. 157.400.000. Evidenciando la falta de verificación de los fondos no utilizados y demuestra una deficiencia en el proceso de rendición de cuentas.