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Esta noble y necesaria institución creada por la Constitución del 92 en su artículo 176 al 280 quedó desacreditada, recalca.
Señala que el defensor del Pueblo actual, Manuel María Páez Monges, cumplió en el año 2015 ocho años de mandato vencido, “los cuales no hubiesen trascendido si no fuera por una conducta casi apática, en función a sus competencias y atribuciones, y por otro lado abyecta y sumisa a los intereses de sectores políticos”.
Menciona que la institución ecuménica acompañó de cerca la campaña para la elección de un nuevo defensor del Pueblo, llevada adelante por el grupo de organizaciones Mesa Memoria Histórica desde el año 2009 en que se había cumplido un año de mandato fenecido del actual defensor.
Recuerda igualmente que el secretario general de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), en su visita a nuestro país en el 2015, hizo un llamado de atención a la República del Paraguay por la falta de renovación del titular y adjunto de la defensoría del Pueblo.
Refiere también que en marzo del año pasado la Cámara de Senadores abrió la convocatoria para posibilitar que los interesados en el cargo presenten sus candidaturas. Al llamado se han presentado 80 postulantes.
Desde las organizaciones propulsoras del cambio, entre ellas el Cipae, se promovió una campaña de incidencia para que la selección de las ternas se hiciera con la mayor transparencia posible y teniendo en cuenta criterios objetivos con base en un perfil propuesto por las mismas. Pero por sobre todo se reclama, desde las organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de no someter la elección del defensor del Pueblo al cuoteo político partidario.