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Según Godoy, la Defensoría necesita un lavado de cara para que la ciudadanía vuelva a confiar en ella, sobre todo por hechos de corrupción denunciados. Anunció que buscará mejorar el salario de los funcionarios y devolverles el beneficio del seguro médico.
Indicó que encontró una institución muy dejada, incluso cayéndose a pedazos, puesto que el anterior defensor del pueblo, Páez Monges (2001-2016), no se preocupó en mejorarlo.
Anunció que buscará mudar el local, ubicado en Ygatimí y O’Leary, a un lugar donde sea más accesible a la ciudadanía, para evitar que quienes concurran a la Defensoría tengan que abonar dos pasajes para llegar a la sede. Podría ser en la ciudad de Fernando de la Mora.
También observó que en la Defensoría pululan varios gestores para el cobro de indemnización para víctimas de la dictadura stronista (1954-1989). Godoy dijo que, así como se encuentra, la Defensoría está estructurada para sacar plata al pueblo y no para beneficiar a las verdaderas víctimas.
Indicó que un equipo jurídico se encargará de verificar todo lo relacionado al pago de indemnización a víctimas de la dictadura. Según datos obtenidos, hasta ahora el Estado abonó a víctimas de la dictadura US$ 110 millones, y aún restan abonar unas 8.000 resoluciones favorables.
Godoy dijo que, junto con el defensor adjunto, buscarán darle una dinámica diferente a la Defensoría del Pueblo.