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Así lo declaró el defensor adjunto del pueblo, Édgar Villalba Riquelme.
Agrega que “ningún museo ni archivo del mundo permite que obras o documentos de alto valor sean prestados o retirados por particulares bajo ninguna circunstancia, salvo convenio escrito expreso entre instituciones similares y con fines de exposición”.
Villalba, al calificar de “irresponsable” la afirmación del exdirector Federico Ríos de que los documentos son de “uso público” y que cualquiera podía retirarlos para un estudio más personalizado, además de “ridículo indica la irresponsabilidad y la ignorancia de los mecanismos y normas de funcionamiento de archivos, museos y bibliotecas, es decir, es un improvisado que jamás debió ocupar el cargo”.
Menciona también que “nadie conoce ningún escrito, trabajo, publicación, disertación o investigación sobre cuestiones históricas del Señor Marcos Maíz Montanaro, quien aparece como el que retiró los documentos con fines de supuesta investigación y digitalización (...) Resulta raro y llamativo su altruismo al llevar documentos históricos para su digitalización sin declararlos, sin tener autorización para hacerlo y sin comunicar a las autoridades paraguayas que los mismos habían sido decomisados por la Aduana Argentina”.
Queda claro que estamos ante hechos reiterados de sustracción de documentos históricos de propiedad del Estado paraguayo desde que se trata de la apropiación de una cosa ajena “significativa para el arte, la ciencia, la historia o el desarrollo técnico, que se halla en una colección con acceso del público o que esté públicamente expuesta”, delito castigado hasta con 10 años de penitenciaría, conforme al art. 162 del Código Penal, sanción esta que debe aplicarse con todo rigor a los responsables de este hecho que, además de delictuoso, es antipatriota, concluye.