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Dionicio Olazar, otro testigo, dijo que en una asamblea abierta de Patria Libre se definió la muerte de Cecilia Cubas Grau, entonces secuestrada. Este año, Rubén Dario Bernal se acercó a las autoridades para decir que él, junto con otros guerrilleros fueron los responsables del atraco a una comisaría en una localidad de Concepción, contando detalladamente cómo organizaron y la gente que estaba involucrada, muchos de ellos buscados por el caso Cecilia Cubas.
Marcos Alvarez, un funcionario del Ministerio de Justicia y Trabajo, devolvió 350.000 dólares que supuestamente le dio Juan Arrom del secuestro de la señora María Edith de Debernardi. En su declaración, dijo que Arrom le dio para que él se encargara de guardar el dinero.
Sobre el primer testigo, el señor Gumercindo Aguilar , se armó toda la primera teoría judicial sobre los autores intelectuales y materiales del crimen de Argaña, aquel que produjo una crisis sin precedentes en el país, con siete muertes en la plaza y dimisión del presidente Raúl Cubas Grau. El guerrillero arrepentido vino a reforzar la teoría sobre la existencia de una guerrilla en conexión con las FARC, que realizaba secuestros y planificaba otros. Fue a más, empezó a involucrar a la Organización Nacional Campesina (ONAC), de fuerte arraigo en el norte del país, como promotora y protectora de esto. Cuando Alvarez se presentó como testigo calificado, ya le habían asegurado un año de pago anticipado de alquiler en una urbanización cerrada. A Gumercindo lo contrataron como electricista en la Presidencia de la República.
El dirigente campesino Ciriaco Coronel fue apalabrado por el operador colorado del Este, Ignacio Flores, para ser otro testigo calificado en un plan para vincular a Tomás Zayas, de Asagrapa, como jefe de una célula guerrillera de conexiones con las FARC. El hombre advirtió a los dirigentes, los cuales trataron de documentar la oferta. Y lo hicieron a medias. Ahora el sacerdote Pedro Robadín acusa al fiscal Rogelio Ortúzar de querer extorsionarle, utilizando la situación de su padre, Alejo Robadín, quien pleitea el reconocimiento de su vida militar, que Stroessner le anuló en 1959. Le dice, según Robadín, que la Procuradoría se allanaría a cambio de que él vincule a Fernando Lugo en varios ilícitos, entre ellos su supuesta relación con las FARC.
Marcos Alvarez, un funcionario del Ministerio de Justicia y Trabajo, devolvió 350.000 dólares que supuestamente le dio Juan Arrom del secuestro de la señora María Edith de Debernardi. En su declaración, dijo que Arrom le dio para que él se encargara de guardar el dinero.
Sobre el primer testigo, el señor Gumercindo Aguilar , se armó toda la primera teoría judicial sobre los autores intelectuales y materiales del crimen de Argaña, aquel que produjo una crisis sin precedentes en el país, con siete muertes en la plaza y dimisión del presidente Raúl Cubas Grau. El guerrillero arrepentido vino a reforzar la teoría sobre la existencia de una guerrilla en conexión con las FARC, que realizaba secuestros y planificaba otros. Fue a más, empezó a involucrar a la Organización Nacional Campesina (ONAC), de fuerte arraigo en el norte del país, como promotora y protectora de esto. Cuando Alvarez se presentó como testigo calificado, ya le habían asegurado un año de pago anticipado de alquiler en una urbanización cerrada. A Gumercindo lo contrataron como electricista en la Presidencia de la República.
El dirigente campesino Ciriaco Coronel fue apalabrado por el operador colorado del Este, Ignacio Flores, para ser otro testigo calificado en un plan para vincular a Tomás Zayas, de Asagrapa, como jefe de una célula guerrillera de conexiones con las FARC. El hombre advirtió a los dirigentes, los cuales trataron de documentar la oferta. Y lo hicieron a medias. Ahora el sacerdote Pedro Robadín acusa al fiscal Rogelio Ortúzar de querer extorsionarle, utilizando la situación de su padre, Alejo Robadín, quien pleitea el reconocimiento de su vida militar, que Stroessner le anuló en 1959. Le dice, según Robadín, que la Procuradoría se allanaría a cambio de que él vincule a Fernando Lugo en varios ilícitos, entre ellos su supuesta relación con las FARC.