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Esta tarde, a las 16:00, el Consejo de la Magistratura está convocado para su reunión ordinaria de los lunes. El encuentro reviste importancia porque el Consejo está en medio de la crisis creada entre la Cámara de Senadores y la Corte Suprema de Justicia.
Ambos organismos remitieron a la entidad notas comunicando situaciones absolutamente opuestas. La Cámara de Senadores informó que declaró vacantes siete cargos en la máxima instancia judicial y pidió se inicie el llamado a concurso para conformar las ternas y llenar los cargos. Por su pate, la Corte comunicó que contrariamente a lo informado por el Senado, no existe vacancia alguna que tenga que ser llenada.
Ambas notas llegaron a la sede del Consejo, pero todavía no tuvieron entrada oficial. Ese trámite lo hace el organismo todos los lunes en sus reuniones ordinarias.
Nada claro
No está claro qué posición asumirá el Consejo ante la crisis desatada. La conformación altamente política del organismo hace suponer que podría haber sorpresas.
Estela Kobs, representante del Poder Ejecutivo, indicó que se debe estudiar la comunicación del Senado para ver si fue correcta su decisión.
La mayor incógnita la genera Cristóbal Sánchez, presidente de la entidad, que si bien es colorado, solo una vez votó en favor de su partido. Si se alinea con el senador liberal Miguel Saguier, el diputado oviedista Gustavo Mussi y Kobs, daría la mayoría circunstancial que precisa el Senado para continuar con el proceso de cambio en la Corte.
Sin embargo, si vota con Adrián Salas, Víctor Núñez y José María Cabral, generaría la mayoría para dar trámite a la nota de la Corte y frenar la embestida del Parlamento.
Sin quórum para sesionar
El Consejo de la Magistratura podría no tener quórum en la reunión ordinaria de esta tarde.
Los colorados no están de acuerdo con la decisión del Senado. Desde la semana pasada empezaron a trabajar para que la sesión no pueda realizarse. Eso daría tiempo para iniciar las conversaciones políticas e intentar dar una salida conversada a la situación.
Sin embargo, el Gobierno junto con los legisladores oviedistas y liberales también están trabajando para asegurar el quórum y llevar adelante la reunión de manera a apurar el proceso.
Comisión Interamericana avala la inamovilidad de ministros de Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe de 2001, ya señaló que los ministros de la Corte son inamovibles según el artículo 261 de la Constitución Nacional. Solo pueden ser removidos por juicio político y el Senado no tiene facultad para confirmarlos, aseguró.
En 1999 se había desatado una crisis entre los Poderes Legislativo y Judicial, cuando el Senado resolvió no confirmar a los entonces ministros de la Corte, Enrique Sosa, Jerónimo Irala Burgos y Felipe Santiago Paredes.
La decisión de la Cámara Alta fue atacada de inconstitucional por los ministros afectados por la medida.
En el 2000, la Corte dictó dos fallos mediante los cuales confirmó la inamovilidad de los ministros, con base en el artículo 261 de la Constitución Nacional. El alto tribunal también señaló que el Senado carece de facultad para confirmar o no.
Las sentencias generaron una fuerte reacción de los parlamentarios. Los legisladores se negaron en principio a aceptar los fallos dictados hace doce años y que finalmente ya quedaron firmes y ejecutoriados.
En el 2001, en su informe con respecto a Paraguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó la crisis que se registró en nuestro país.
La referida comisión señaló que “la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático, como ha señalado la Comisión, requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes, y en el que exista un control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Vale decir, presupone el respeto del Estado de derecho”.
“Recientemente se produjo en Paraguay una situación relacionada con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que involucró al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. El 5 de noviembre de 1999, la Honorable Cámara de Senadores dictó la Resolución 421, confirmando en sus cargos a cinco de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y no confirmando a otros de ellos. El 9 de noviembre de 1999, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Nº 6131, emitió un “Acuerdo Constitucional”, indicando que se confirmaba la mencionada Resolución de la Cámara de Senadores”, apuntó el informe.
“De acuerdo con dichas decisiones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia cesarían en sus funciones sin haber sido sometidos a un juicio político formal, siendo que conforme al artículo 261 de la Constitución, “los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político...”, expresó la comisión que avaló la inamovilidad.
Ahora de nuevo se presenta una crisis, debido a que el Senado, presidido por Jorge Oviedo Matto, no confirmó en el cargo a siete ministros.
La Corte, presidida por Víctor Núñez, comunicó al Consejo de la Magistratura que no existe vacancia en la máxima instancia judicial.
Respeto a fallo de la justicia
“La Comisión considera positivo que la cuestión suscitada, que involucraba a los tres poderes del Estado, haya sido resuelta por el Poder Judicial, en su rol de máximo intérprete de la Constitución, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo hayan respetado la decisión definitiva, firme y obligatoria de la Corte Suprema en el asunto. Aunque el respeto y cumplimiento efectivo con el mandato de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia resulte un aspecto obvio e inherente a un Estado democrático, la Comisión resalta tal situación”, dice el informe.
Antecedentes fueron remitidos a Fiscalía
El presidente de la Corte, Víctor Núñez, remitió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, los antecedentes que guardan relación con la decisión del Senado, que declaró siete vacancias en la Corte Suprema de Justicia.
Núñez, en declaraciones a la prensa, había manifestado que se estaría ante la comisión de hechos punibles, que están previstos y penados en la legislación.
La postura de Núñez es compartida por los gremios de magistrados y abogados, quienes también condenaron la medida tomada por 27 senadores.
Según los abogados, la actuación de los senadores atenta contra la propia existencia del Estado y esto está previsto y penado en el artículo 269 del Código Penal, que dice: Atentado contra la existencia del Estado: “El que intentara lograr o lograra mediante fuerza o amenaza de fuerza menoscabar la existencia de la República o modificar el orden constitucional será castigado con pena privativa de libertad no menor de diez años”. En casos menos graves la pena privativa de libertad será de uno a diez años.
El artículo 270 del mismo cuerpo legal habla de la preparación de un atentado contra la existencia del Estado: “El que preparara una maquinación concreta de traición a la República será castigado con pena privativa de hasta cinco años”. En estos casos, será castigada también la tentativa”.
También se estaría atentando contra la Carta Magna y esto se prevé en el artículo 273 del Código Penal. Atentado contra el orden constitucional: “...El que intentara lograr o lograra cambios del orden constitucional fuera de los procedimientos previstos en la Constitución será castigado con pena privativa de libertad hasta cinco años”. “Se entenderá como orden constitucional la configuración de la República del Paraguay como Estado, conforme lo disponen los artículos 1 al 3 de la Constitución”.
El fiscal general debe designar un fiscal que investigue la presunta comisión de hechos punibles, atribuidos a los senadores que declararon la vacancia en la Corte.
Poco interés de partidos en buscar salida a crisis
La propuesta del Partido Colorado de iniciar una ronda de diálogos con líderes de otros partidos para buscar una salida a la crisis de poderes está empantanada. Hubo un primer contacto con Patria Querida, que no avanzó. Mientras el titular del PLRA, Blas Llano, está “desaparecido” desde el jueves, día que con votos liberales se aprobó la declaración de vacancia de siete cargos en la Corte.
La búsqueda de una salida política a la crisis entre poderes Judicial y Legislativo, desatada a raíz de la decisión del Senado de declarar vacantes siete cargos en la Corte, no prosperó hasta ahora.
La presidenta de la ANR Lilian Samaniego había iniciado contactos con su par de Patria Querida, Roberto Campos, quien manifestó su predisposición para el diálogo, pero no hubo avances.
Mientras el presidente del PLRA, Blas Llano, está “desaparecido” desde el jueves pasado.
Ambos partidos, junto con Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), liderado por Lino Oviedo, y el oficialismo luguista, se unieron el pasado jueves en la Cámara de Senadores para asestar un duro golpe al Poder Judicial. Mediante una resolución, manifestaron no reconocer la declaración de inamovilidad de los miembros de la Corte, y decidieron comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia en siete cargos.
Los afectados son los ministros Víctor Núñez, Alicia Pucheta, Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, César Garay Zuccolillo (todos colorados); Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac (estos dos últimos del PLRA).
Según fuentes, el objetivo de la maniobra es hacer espacio para que los partidos Unace y Patria Querida tengan sus representantes en la máxima instancia judicial.
Actualmente, la Corte está conformada por siete colorados y dos liberales. La nueva composición sería tres liberales, tres colorados, dos oviedistas y un patriaqueridista.
Con esto, los partidos mencionados buscan además trabajar una alianza electoral amplia, para hacer frente al Partido Colorado en las elecciones generales de 2013.
Debaten en ANR
Por otro lado, hoy se reúne la comisión ejecutiva del Partido Colorado para decidir nuevas acciones. Se pretende llevar la discusión al interior de la Junta de Gobierno.
La ANR, el pasado jueves, emitió un comunicado condenando la actuación del Senado. Aseguró que se trata de una maniobra que podría poner en duda las elecciones.
La polémica resolución
La resolución 824 de la Cámara de Senadores señala en su primer punto: “No confirmar en sus cargos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia...” y menciona los nombres de siete ministros.
A continuación decide “remitir copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura para que le imprima el trámite pertinente para el llenado de las vacancias; y a la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo para su toma de razón”.
Zacarías condena repartija de cargos
El precandidato a la presidencia de la República por el Frente para la Victoria, Javier Zacarías Irún, condenó ayer que la clase política esté, una vez más, inmersa en una “lamentable repartija de cargos” para lo cual llevaron adelante nada menos que un atropello a una institución del Estado, cual es el Poder Judicial.
“El pueblo está cansado de la falta de justicia, eso reconocemos; pero es inadmisible el camino torcido elegido por los senadores para disfrazar de cambio una vil repartija de cargos que es lo que se pretende hacer con el Poder Judicial”, manifestó.
Agregó que la Constitución es clara al disponer que la única forma de sacar de su cargo a un ministro de la Corte es a través de un juicio político. Señaló que la clase política debe tomar conciencia del daño que está causando a las instituciones y buscar mecanismos para subsanar.
Adelantó que esta semana se reunirá con los diputados colorados de su movimiento, para pronunciarse sobre esta situación.
“No le apoyo a ningún miembro de la Corte en particular, así como tampoco apruebo el accionar del Senado”, dijo.
Zacarías Irún mencionó sin embargo que urge una reforma constitucional para que todos los baches de la Carta Magna sean llenados, y por sobre todo, para modificar el sistema judicial.
“Tenemos que acabar con este sistema de selección de jueces, para que los políticos dejen de meter mano en los nombramientos en el Poder Judicial; y tengamos una verdadera justicia independiente”, significó.
Recordó que había asumido el compromiso de impulsar una reforma, con el apoyo de otros partidos.
Ejecutivo trata en reunión de ministros la crisis de poderes
El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel López Perito, anunció que esta mañana, en reunión de ministros, el Ejecutivo sentará postura sobre la crisis entre el Senado y la Corte. Dijo que es necesario encontrar en corto tiempo una solución para evitar afectar las elecciones de 2013.
“Voy a esperar la reunión del Consejo de Ministros, que se va a realizar mañana (hoy), posiblemente a las 6:00 de la mañana. Supongo que ahí se va a tratar y se va a tener una posición oficial del Poder Ejecutivo sobre el tema”, indicó ayer el secretario presidencial Miguel López Perito, para evitar sentar postura institucional respecto a la crisis que se registra entre el Senado y la Corte.
No obstante admitió que el Ejecutivo está haciendo un seguimiento del conflicto. Indicó que es “muy peligroso tomar posiciones a favor o en contra, que pueden resultar apresuradas, no conducentes a una paz institucional” .
Indició que esto debería resolverse rápidamente respetando los marcos institucionales, “que se respeten los marcos, que no haya ningún tipo de ruptura y que podamos encontrar el cauce para que esto sea un episodio significativo en el sentido de que hay un serio cuestionamiento a la justicia realmente, empezando de las esferas superiores, pero tenemos que buscar una vía de consenso, una vía pacífica para resolver nuestros problemas emocionales”, indicó.
“Yo particularmente pienso que hay que buscar, hay que hablar, hay que tener una posición firme respecto a la institucionalidad, porque nuestro país, hoy más que nunca, nos necesita y tenemos que normalizar la situación para la realización normal de las elecciones (presidenciales del próximo año)”, insistió.
Buzarquis critica la decisión del Senado
El diputado liberal Salyn Buzarquis aseguró ayer que la Cámara de Senadores no puede buscar caminos torcidos para reformar la Corte Suprema de Justicia. Indicó que ni siquiera la mejor de las intenciones puede estar sustentada en violaciones constitucionales.
“Acá nos quieren justificar la decisión señalando que la Corte Suprema está desprestigiada y cuestionada, pues bien, eso no justifica en modo alguno que se atropelle la Constitución”, remarcó.
El legislador también dijo tener sus dudas sobre la intención final del Senado.
“Realmente no creo que nadie quiera realmente hacer un cambio pensando en la gente o en las instituciones, esto parece más bien un nuevo reparto, un nuevo cuoteo que solo termina beneficiando a los sectores políticos.
Si tanto interesa la reforma, por qué no se toman los caminos institucionales y no se hace una conversación amplia”, insistió.
Para Tuma, es un golpe
Para el diputado colorado Óscar Tuma, la decisión del Senado con relación a la Corte es un verdadero golpe de Estado. “Podemos estar en desacuerdo con los ministros de la Corte, pero lo que no podemos hacer es justicia por mano propia, porque eso sería el rompimiento del estado de derecho”, enfatizó. Aseguró que la única manera de remover a los miembros de la Corte es a través de un juicio político, “no de la manera que pretende hacer una mayoría circunstancial del Senado”.
Insistió en que los senadores están obligados a acatar las resoluciones de la Corte Suprema. “Si se declararon inamovibles, la única manera de removerlos es vía juicio político, el que diga lo contrario es un burro, y no merece ser senador”, insistió.
Diputados tratan en mesa directiva caso de la Corte
El presidente de la Cámara de Diputados confirmó que esta mañana convocará a reunión a la mesa directiva de la Cámara y a los líderes de bancada para tratar la situación creada con la Cámara de Senadores y la Corte Suprema.
En la Cámara de Diputados preocupa el conflicto creado entre la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Senadores.
Víctor Bogado (ANR), presidente de la Cámara Baja, dijo ayer que es una cuestión que debe ser analizada por los legisladores. Confirmó además que en la Cámara de Diputados ya se recibió la comunicación de la Corte Suprema en la que informa que no existen vacancias en la máxima instancia judicial.
Ante esta situación, Bogado adelantó que esta mañana convocará a la mesa directiva y a los miembros de bancada para poner a conocimiento de los mismos la nota que remitió la Corte Suprema, pero también para analizar la situación y ver qué posición asumirá la Cámara.
“Este es un tema muy delicado que se tiene que tratar con prudencia y sensatez. Personalmente creo que la Cámara no puede quedarse sin voz en esta cuestión, por eso voy a convocar a los compañeros de la mesa directiva y a los líderes de bancada para que estén informados, pero sobre todo para que podamos conversar y ver qué posición asumir”.
El titular de la Cámara no descartó que incluso se convoque a una sesión extraordinaria para tratar la situación. “Esa (el eventual llamado a sesión) es una cuestión que tenemos que resolver con los colegas, para eso vamos a conversar. Insisto, personalmente creo que la Cámara debe sentar postura”, remarcó.
Bogado también ratificó su criterio expresado el pasado sábado de que lo que hizo la Cámara de Senadores fue un golpe institucional contra la Corte Suprema porque pasó por alto todos los procedimientos constitucionales y legales al declarar la vacancia en la Corte.
Solo por juicio
De acuerdo con el artículo 261 de la Constitución: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”.
El Senado sostiene que a pesar de este artículo, la Cámara tiene la potestad de declarar vacantes los cargos de siete miembros de la Corte que están en funciones.
Afirman que promueve la anarquía
Totalmente equivocado el proceder del Senado contra una de las instituciones del Estado. Con esto se promueven la anarquía y la mala interpretación de la Constitución y las leyes de la República, advirtió ayer el politólogo y doctor en derecho Esteban Aquino. Explicó que el juicio político es la única vía válida para destituir a los ministros de la Corte Suprema. “Mayorías coyunturales no pueden poner en riesgo la estabilidad democrática ni mucho menos apetencias de sectores para ubicar en la máxima instancia judicial a sus lacayos”, manifestó.
Resaltó que la independencia de la máxima instancia judicial debe ser preservada por todos los paraguayos. “Es muy grave lo que pasó y ahora la prioridad debe ser encontrar una salida a esta crisis de poderes. La gente debe entender que con esta jugada de los parlamentarios se atenta contra una institución y de paso contra los magistrados”, dijo.
Aquino aseguró que no está de acuerdo con el actuar de varios ministros de la Corte, pero el atropello fue contra el Poder Judicial.
Senado violenta la Constitución
SAN JUAN BAUTISTA, Misiones (Rafael Marcial Montiel, corresponsal). Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de San Juan Bautista, abogado Fulvio Bernardo Llano, repudió la forma que el Senado tomó la decisión de violentar los preceptos constitucionales al dejar cesantes a siete ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Si en contra del Poder Judicial el Senado comete este atropello, la ciudadanía se encuentra totalmente indefensa y sin garantías”, dijo Llano.
Añadió que no puede primar la decisión política por encima de la Constitución. Según Llano, con esta determinación, la Cámara de Senadores atropelló a uno de los poderes del Estado.
Llano, quien a su vez es uno de los postulantes a defensor del pueblo, cuestionó al senador Miguel Saguier por hacer un llamado a la violencia para remover a los ministros por medio de la fuerza pública.
“De qué fuerza puede hablar si la fuerza pública está para proteger la Constitución Nacional”, dijo. Agregó que los ministros afectados tienen que sentar postura y rechazar esta resolución que viola los preceptos constitucionales.
Obispo reclama solución a crisis entre los poderes
Mons. Claudio Giménez pidió ayer buscar solución al enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial, antes de que crezca y se vuelva insostenible. Fue durante la misa dominical en la basílica de Caacupé.
CAACUPÉ, Cordillera (Desiré cabrera, de nuestra redacción regional). “Si los problemas no se solucionan de raíz al comienzo, esto puede crecer y llegar a ser insostenible. Cuanto antes nos pongamos de acuerdo mejor”, manifestó ayer Mons. Claudio Giménez, durante la misa dominical en la basílica de Caacupé.
El religioso señaló que esta actitud se debe tomar tanto en las familias, como en la comunidad y hasta a nivel nacional, en abierta alusión a la crisis surgida entre los poderes Legislativo y Judicial, a raíz de que el pasado jueves, la Cámara de Senadores decidió declarar vacantes los cargos de siete ministros de la Corte. Mons.
Giménez lamentó que en nuestro país nos cueste vivir unidos. “Por cualquier cosa a veces nos estamos peleando, siempre nos estamos peleando, parecemos niños chicos”, dijo.
Posterior a la celebración eucarística, en declaraciones a la prensa el religioso volvió a referirse a la situación política que soporta el país en los últimos días.
Al referirse puntualmente al conflicto abogó por una pronta solución.
“Ojalá se solucione cuanto antes porque hoy un grupo hace esto y mañana el otro grupo hace lo contrario y vamos de tropezón a tropezón, sin llegar nunca a buen puerto”, expresó.
Hoy, el problema deberá ser dirimido en el Consejo de la Magistratura, que tendrá que decidir si la Corte tiene razón, al declarar que el Senado actuó mal; o a la Cámara que pidió convoque a concurso para llenar las vacancias.
CAP rechaza decisión que declara vacancias
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) rechaza la decisión de la Cámara de Senadores de no confirmar a siete ministros de la Corte Suprema de Justicia, afirmó el asesor jurídico del gremio, Abog. Miguel Ángel Aranda.
Afirmó que, si bien las razones que se esgrimieron para adoptar tal determinación, relacionadas a la necesidad de mejorar sustancialmente la administración de justicia son desde todo punto de vista loables, “no puede admitirse que esta mejora sustancial se logre a costa de una transgresión en el equilibrio de poderes, establecido en la propia Constitución, que en el art. 3 sostiene que el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control”.
Agregó que la decisión del Senado implica un “quiebre del orden constitucional y del Estado de derecho”. El abogado señaló asimismo que la Cámara de Anunciantes ha venido insistiendo en la necesidad de la vigencia irrestricta del Estado de derecho, que conlleva el cumplimiento de las normas que rigen la vida en el país, “por lo que manifiesta su desacuerdo con medidas que no se ajustan a la Constitución Nacional”.
Asimismo, considera que la decisión legislativa transgrede lo dispuesto por el Art. 261, que establece que los ministros de la Corte solo podrán ser removidos por juicio político.