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En cuanto a la información de que el presidente Horacio Cartes dijo que no ordenó a miembros de seguridad del Estado a realizar escuchas telefónicas de manifestantes y probablemente de dirigentes políticos sin el debido control jurisdiccional de juez de garantías, es una expresa violación a la Constitución y un atentado a la intimidad y a los principios cardinales de la democracia representativa y directa, expresa Almada.
Recordó que el presidente de la República es el responsable de la seguridad y es el comandante en jefe del Estado paraguayo, y que si existen elementos de seguridad que no responden al presidente, es un verdadero peligro a la democracia. “Es por eso que es necesario que el Ejecutivo tome medidas sobre esta situación que atenta contra el Estado paraguayo y sobre todo cuando los elementos de seguridad no responden a las órdenes directas del elegido por el pueblo paraguayo para ser su representante”, dijo.
Apuntó que esa situación constituye un retroceso hacia situaciones políticas y estructurales de una etapa que se creía superada desde el golpe del 3 de febrero de 1989. Señaló que el rebrote del autoritarismo y de sus prácticas constituyen una prueba de que la democracia paraguaya ha entrado en una etapa de involución. “En términos concretos, no hemos avanzado como lo dispone la Constitución de 1992, a un estado social de derecho, al respeto a la dignidad humana, a las garantías del Estado, del pedazo de tierra para sus habitantes, y ahora tenemos a la vista que sus elementos de seguridad que hacen a la fuerza misma del Estado paraguayo, no se responsabilizan por una violación como las escuchas telefónicas y el monitoreo que no es función de las Fuerzas Armadas”, recalcó.
Dijo que como partido Frente Amplio, exigen al Presidente de la República esclarezca en la brevedad posible esa situación atentatoria a la Constitución Nacional.