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Este señaló que el informe recoge los principales obstáculos que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos, ya sea en la forma del uso abusivo del poder punitivo del Estado a través de figuras como el desacato, inducción a la rebelión, resistencia, terrorismo, entre otras, así como expresiones estigmatizantes de parte de funcionarios del Estado y campañas de descrédito.
El informe dice que uno de los problemas más reportados ante la CIDH es la formulación y aplicación indebida de la legislación en perjuicio de los defensores con el fin de obstaculizar sus actividades.
La criminalización de los defensores a través del uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Recalca que la manipulación del derecho penal en perjuicio de los defensores se ha convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria por parte de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar la labor de defensa y protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de los defensores, dado que su tiempo, recursos (financieros y demás) y energías deben dedicarse a su propia defensa.
Observa que en varias ocasiones los procesos son acompañados de actos previos como declaraciones y acusaciones de cometer delitos o de realizar actividades al margen de la ley.