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La Cámara de Diputados tratará en su sesión de la próxima semana el proyecto de ley de extinción de dominio, en el primer punto del orden del día, a pedido del diputado Éber Ovelar.
Según indicó el diputado Ramón Romero Roa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se solucionó el principal cuestionamiento referido a la presunta inconstitucionalidad del artículo 4º que habilitaba la posibilidad de su aplicación retroactiva.
El motivo por el cual Ovelar solicitó la postergación es que funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) solicitaron una reunión para el próximo miércoles, a fin de incorporar algunos puntos.
Los cambios se refieren concretamente a un acuerdo firmado por la Senad y la OEA, representada por su secretario general José Miguel Insulza, para la implementación en nuestro país del Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (Bidal).
También la comisión incorporará una “adenda” al proyecto sobre el recurso de revisión que podrán presentar las personas a cuyos bienes se les plantea aplicar la ley de extinción de dominio.
Según indicaron fuentes de la comisión, la aprobación de esta ley adecuará nuestra ordenamiento jurídico al de la región, en materia de combate al narcotráfico.
En ese sentido, consideraron muy importante la firma del acuerdo Bidal con la OEA, ya que eso deja en claro que no se trata de una normativa inconstitucional o con propuestas que vayan en contra de respetar derechos fundamentales.
Destacaron que normas similares están en vigencia en varios países de la región.
Varias modificaciones
Con relación al proyecto original de extinción de dominio, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja realizó varias modificaciones. Respecto a la preocupación sobre una posible “vía libre” a confiscaciones, se aclara que el paso de bienes de “narcos” a dominio del Estado solamente se hará una vez que haya una sentencia judicial firme. En cuanto a la designación de un administrador de los bienes de personas vinculadas al narcotráfico, aclaran que es una medida temporal hasta que haya sentencia judicial firme. También se modificó la intención inicial de que todos los casos de narcotráfico sean atendidos en la capital. Se estableció que solamente se hará con casos de narcotráfico de gran volumen.