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El 16 de febrero pasado, la doctora Pucheta, mediante el oficio número 120, solicitó al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que le remita la carpeta fiscal. Fue a raíz de la impugnación presentada contra la resolución del titular del Ministerio Público, por la cual confirmó en el caso a Fabián Centurión.
La recusación de Centurión había sido promovida por el presidente de la seccional de Lambaré y exintendente de dicha ciudad, Roberto Cárdenas. Este exigió que el fiscal sea apartado del caso, debido a que su esposa Carol Noemí Fretes integra el movimiento Colorado Añetete, de los disidentes del Partido Colorado. Dijo que el hecho afectará la objetividad del agente del Ministerio Público.
Sin embargo, Díaz Verón rechazó la recusación de su inferior y su decisión fue cuestionada ante la Sala Penal de la Corte, que quedó integrada por Pucheta (colorada); Benítez Riera (colorado) y Blanco (liberal).
Los ministros más arriba señalados son los que tienen que decir si Centurión sigue o no en la investigación de las firmas falsificadas.
Según informes recogidos ayer en el Poder Judicial, los tres magistrados mencionados hasta ahora no se apartaron del caso. Se espera que resuelvan ya la recusación, debido a que la investigación fiscal está paralizada gracias a que la doctora Pucheta se prestó a la maniobra de los sospechosos y solicitó la carpeta fiscal.
El expediente ahora está con el ministro preopinante, cuyo nombre las fuentes no quisieron revelar ayer.
La dilación de los miembros de la Sala Penal en resolver el planteamiento de Cárdenas no solo favorece al citado político, sino a otros investigados que buscan su impunidad en el caso.
Antecedentes
Las autoridades de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y miembros del Poder Ejecutivo, el 13 de enero pasado entregaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral más de 130 carpetas que contenían planillas con firmas atribuidas a más de 300.000 personas. Sin embargo, en la lista figuraron personas fallecidas y otras cuyas firmas fueron groseramente falsificadas.
Entre los sospechosos de la comisión de hechos punibles, además de Cárdenas figuran Luis Guillén, titular de la seccional de Zanja Pytã, Amambay; Luz Marilda Argüello, esposa del vicepresidente de la República Juan Afara; Gustavo Ariel Brítez, de San Roque González, Paraguarí; Esmilse Bobadilla, de Limpio; y Sandra Aquino, de Capiatá. Además, el Ministerio Público ya identificó a otros involucrados en el caso.
Las personas mencionadas más arriba fueron convocadas por el fiscal Centurión para sus declaraciones indagatorias, que es un paso previo a la imputación. Ante el inminente procesamiento, Cárdenas recusó a Centurión, que fue confirmado por la Fiscalía General. Ahora, la decisión final está en manos de Pucheta, Benítez Riera y Blanco.
PENAS PREVISTAS
Los hechos investigados por el Ministerio Público en el caso de las firmas falsificadas se encuadrarían en los tipos penales de producción de documentos no auténticos, que prevé pena de hasta 10 años de cárcel en los casos graves (Art. 246 del Código Penal) y producción mediata de documentos públicos de contenido falso (Art. 251), que tiene expectativa de hasta 3 años de prisión o multa, según la ley.
Los que presentaron las planillas en la Justicia Electoral tenían como objetivo impulsar la enmienda de la Constitución Nacional, para lograr así la reelección del presidente de la República. En este caso favorecería a Horacio Cartes, Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos, quienes tienen aspiraciones.